Cerca de 150 ucranianos en Zamora, 300.000 en España, urge la renovación de su estatus

Desde marzo de 2022, los refugiados ucranianos en España han estado bajo el paraguas del mecanismo de protección temporal de la UE, una medida que se prorrogó por última vez hasta el 4 de marzo de 2026. La importante urgencia en la renovación de su estatus legal ante la escalada del conflicto
Manifestación por Ucrania (27)
photo_camera Manifestación por Ucrania (27)

 Sin embargo, la ausencia de un documento oficial que confirme esta extensión genera inquietud entre las 313.000 personas que, según el Ministerio del Interior, se encuentran censadas y con documentos en vigor en España. Un momento clave para fijar trabajadores cualificados y asentar población en núcleos rurales. Los ucranianos venidos a España hace ya tres años tienen claro que en este país se vive bien, si tienes un trabajo y no sin esfuerzo es más fácil vivir en España que en su propio lugar de origen, aunque claro está que su país tira, sobre todo por idioma y costumbres, que no por clima ya que en las costas españolas se asientan la mayoría de ucranianos censados.

En Zamora el censo inicial llegó casi a los 250 ucranianos, con régimen especial de acogida por la guerra, aunque al menos 100 personas han cambiado sus residencias o bien han vuelto a su país tras estos 3 años de guerra.

Legalizar su situación documental: una prioridad inaplazable

El conflicto en Ucrania sigue en escalada, lo que hace aún más urgente la necesidad de claridad y celeridad en la regulación documental de los refugiados. La falta de certeza sobre la renovación de sus permisos genera una sensación de inseguridad que podría haberse evitado con una extensión automática hasta 2026, tal como se acordó en la Comisión Europea.

La inacción administrativa no solo afecta a los refugiados, sino también a las empresas que los emplean y a las oficinas de extranjería, que deben gestionar de nuevo miles de renovaciones. La incertidumbre es especialmente preocupante para mujeres y niños, quienes constituyen la mayor parte del colectivo y dependen de una estabilidad legal para mantener su vida en España.

El 3 próximo de marzo de 2025, cuando se cumple un año desde la primera prórroga publicada en el BOE, se presenta como una fecha crucial. Si no se toma una decisión rápida, miles de ucranianos podrían quedar atrapados en un limbo administrativo que pondría en riesgo su acceso a empleo, vivienda y servicios públicos. Aunque España no dejará de proteger a estos ciudadanos, puesto que tras el anuncio de Sánchez de enviar más de 1.000 millones de euros en armamento, que sentido tendría dejar desprotegida a la población civil que vive en España.

¿A qué lugares de la UE se dirigieron las personas que huyeron de Ucrania?

A finales de diciembre de 2024, los países de la UE que acogían al mayor número de beneficiarios de protección temporal procedentes de Ucrania eran Alemania (1.161.450 personas; 27,3% del total de la UE), Polonia (991.630; 23,3%) y Chequia (388.625; 9,1%). En la UE, la proporción de personas bajo protección temporal era de 9,5 por cada 1.000 habitantes. Los países con las tasas más altas fueron Chequia (35,7), Polonia (27,1) y Estonia (25,8).

En comparación con noviembre de 2024, el número de personas con protección temporal en la UE aumentó en 25.590 personas (+0,6%), con los mayores incrementos en Alemania (+8.830; +0,8%), Polonia (+3.705; +0,4%) y Chequia (+3.435; +0,9%). España, según las estadísticas de la UE, acoge en régimen de protección especial a 226.215 ucranianos.

En otro orden de solicitudes, España no ha concedido protección temporal a ningún menor no acompañado. Desde el inicio de la guerra en febrero de 2022, los países de la UE han brindado protección temporal a casi 6,2 millones de personas que huyeron de Ucrania. En 2024, el número de nuevas decisiones de concesión de protección temporal cayó un 26,1% en comparación con 2023, pasando de 1.056.020 a 780.290. ( Fuente: Eurostat). El 10 de marzo habrá una nueva estadítica que determinará cuales son las tendencias.

Burocracia cainita y retrasos evitables

El proceso de renovación de los NIE no solo implica tiempo y esfuerzo, sino también un coste económico en tasas y una sobrecarga de trabajo para los funcionarios de extranjería, quienes deberán gestionar de nuevo huellas, fotografías y verificaciones.

Las empresas que emplean a ciudadanos ucranianos también podrían enfrentar complicaciones con el Ministerio de Trabajo, aunque se espera cierta flexibilidad en los plazos y documentación. Aun así, existe el temor de que ocurra algo similar al retraso con el subsidio anunciado en agosto de 2023, que tardó nueve meses en implementarse en comunidades como Castilla y León.

Europa y el papel económico de los refugiados ucranianos

Según la comisaria europea de Interior, Ilva Johansson, la UE está dispuesta a aceptar refugiados ucranianos "hasta que sea necesario", dejando abierta la posibilidad de extender la protección temporal más allá de 2026. Además, datos revelan que los refugiados ucranianos aportan al presupuesto europeo más de lo que algunos países gastan en su apoyo.

Por ejemplo, en la República Checa, los ingresos fiscales y contribuciones de los refugiados duplican el gasto público en su asistencia. En el primer semestre de 2024, las aportaciones de los ucranianos alcanzaron los 465 millones de euros, una cifra que demuestra su relevancia económica para Europa.

En Alemania, el temor a que las ayudas a los refugiados se redujeran tras las elecciones ha disminuido, y se estima que las condiciones de protección se mantendrán a pesar de la incertidumbre política en la región.

Una solución inmediata es clave para evitar el caos administrativo

El futuro de los ucranianos en España depende de una resolución administrativa que garantice su estabilidad legal. Sin embargo, la lentitud y la falta de claridad en los procesos burocráticos ponen en peligro su seguridad y bienestar.

Con un conflicto en escalada y un éxodo que no cesa, es imprescindible que el Gobierno español actúe con rapidez para evitar que miles de refugiados queden atrapados en la incertidumbre documental.

La solución ideal es clara: una extensión automática hasta 2026, sin necesidad de renovaciones adicionales, que garantice la seguridad y estabilidad de los refugiados en España. Si no se toman medidas urgentes, se corre el riesgo de crear un caos administrativo innecesario que podría haber sido evitado con voluntad política y eficacia en la gestión.

El próximo 3 de marzo marcará un punto de inflexión: ¿se priorizará la seguridad y el bienestar de los refugiados, o se repetirá el error de una burocracia lenta e insensible a la realidad de los ucranianos en España?

Comentarios