La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha asegurado que el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la situación de los trabajadores interinos en las administraciones públicas vuelve a poner sobre la mesa un problema estructural que, según el sindicato, continúa sin resolverse: el abuso de la temporalidad en el sector público.
Aunque CSIF ha señalado que no realizará una valoración jurídica completa hasta conocer el contenido íntegro del fallo, la organización considera que lo trascendido hasta ahora coincide con las denuncias que viene realizando desde hace años sobre el elevado número de empleados públicos en situación temporal prolongada.
El Tribunal Supremo habría reiterado que el acceso a un puesto en la administración pública debe realizarse respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad mediante procesos selectivos, una cuestión que el sindicato asegura no entra en contradicción con la necesidad de poner freno a la temporalidad abusiva.
Según los datos manejados por CSIF, actualmente al menos 125.000 personas continúan afectadas por esta situación, debido a que todavía no se han cubierto cerca del 23 % de las plazas incluidas en los procesos de estabilización.
Además, el sindicato alerta de que la tasa de temporalidad en las administraciones públicas sigue situada en torno al 30 %, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, lo que supone prácticamente el doble que en el sector privado y muy por encima del límite del 8 % fijado por la Ley de Temporalidad.
Ante este escenario, CSIF reclama una reforma normativa que incluya sanciones “claras, concretas y aplicables” contra las administraciones que mantengan situaciones de abuso en la contratación temporal.
El sindicato considera que estas medidas no deberían limitarse únicamente a responsabilidades administrativas, sino que tendrían que afectar directamente a los máximos responsables de las administraciones que incumplan la normativa vigente.
Con esta nueva reacción, CSIF vuelve a situar el debate sobre la temporalidad en el centro de la actualidad laboral y administrativa, insistiendo en la necesidad de adoptar medidas estructurales para reducir la precariedad en el empleo público.
