La asignación tributaria destinada a la Iglesia Católica en España ha sido objeto de debate y controversia en los últimos tiempos, con algunas voces que la señalan como un privilegio injustificado. Sin embargo, ¿qué hay realmente detrás de este sistema?
Desde 2007, la Iglesia Católica en España no recibe asignaciones presupuestarias directas del Estado para su sostenimiento. En su lugar, los ciudadanos tienen la opción de destinar el 0,7% de su cuota íntegra del impuesto sobre la renta a la Iglesia, marcando la casilla correspondiente en su declaración de la renta. Esta asignación representa aproximadamente 250 millones de euros anuales, provenientes de las contribuciones voluntarias de unos 8 millones de contribuyentes.
Es importante destacar que la asignación tributaria no es un privilegio concedido a la Iglesia, sino un sistema basado en los principios de colaboración entre el Estado y la institución religiosa. El Estado facilita el mecanismo y permite a los contribuyentes decidir si desean destinar una parte de sus impuestos a la Iglesia, dejando claro que esta asignación depende exclusivamente de la voluntad de los ciudadanos.
En comparación con otros países europeos como Italia y Hungría, donde se aplican sistemas similares, la Iglesia Católica en España es la única institución que se somete a este tipo de plebiscito anual en relación con la financiación estatal. Otras confesiones religiosas reciben financiación a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia, pero podrían optar por el mismo sistema de asignación tributaria si así lo desean, aunque ello implicaría someterse al mismo escrutinio por parte de los contribuyentes.
