Sobre las consideraciones de inconstitucionalidad del Consejo Consultivo de Castilla y León. La prensa de Castilla y León se une como nunca: 25 medios denuncian ante el TSJ una ley que, aseguran, pone en riesgo la libertad informativa. Zamora News es uno de los 25 de las 9 provincias de Castilla y León.
Una reclamación judicial registrada este lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) solicita la adopción de medidas cautelares contra la modificación de la Ley de Publicidad Institucional de Castilla y León, aprobada el pasado verano. El sector la ha recibido como una ofensiva contra la libertad de prensa y el derecho a la información, al considerar que conlleva una pérdida de pluralismo informativo.
La demanda conjunta ha sido ratificada por 25 sociedades editoras de otros tantos medios de comunicación, abarcando las nueve provincias de la Comunidad Autónoma. Estas empresas advierten que la aplicación práctica de la norma podría vulnerar los principios de contratación pública afectando especialmente a los medios más pequeños del sector.
A pesar de que los medios de comunicación y el propio Colegio de Periodistas de Castilla y León plantearon una reforma consensuada, los procuradores del PSOE y de Vox, junto a los de Podemos (Pablo Fernández) y el ex-vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, aprobaron en julio la modificación sin previa negociación con el sector.
Hace apenas unas semanas, el Consejo Consultivo de Castilla y León emitió un dictamen en el que advertía de la posible inconstitucionalidad de cinco artículos de la norma. Según ese dictamen, la ley autonómica colisiona claramente con la normativa básica estatal ya que:
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introduce criterios discriminatorios en la contratación pública,
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establece limitaciones económicas arbitrarias,
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e incluso invade competencias en materia laboral.
Esto pone en entredicho su validez y aplicación.
Incompatibilidad con el marco legal estatal básico
El dictamen del Consejo Consultivo concluye que la ley autonómica no puede ampliar las prohibiciones de contratación más allá de lo establecido por la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Publicidad y Comunicación Institucional. La introducción de vetos a la contratación con medios condenados con sentencia firme —no contemplados en la normativa estatal— supone una clara invasión competencial y un riesgo real de nulidad jurídica.
Además, el límite del 33 % de los ingresos que un medio puede percibir a través de contratos de publicidad institucional sobre su cifra de negocio anual se basa en criterios arbitrarios y provoca un trato discriminatorio, vulnerando también la ley estatal de contratos con la administración pública.
Una incidencia máxima en la pervivencia del sector
Los medios de comunicación de Castilla y León ya habían advertido que de aplicarse esta norma, el impacto sobre la pluralidad informativa sería directo: recortes en plantillas, empeoramiento de las condiciones laborales y, en última instancia, desaparición de proyectos informativos provinciales e hiperlocales. En una comunidad aquejada por la despoblación, el cierre de estos medios supondría la expansión de una ‘sombra’ informativa sin cobertura.
Hace poco, el Gobierno de España decidió durante negociaciones con medios y colectivos de periodistas renunciar a la imposición de una limitación similar a nivel estatal.
Sin embargo, en Castilla y León, las dinámicas políticas han llevado a la aprobación de una ley que ya está provocando un efecto grave en las empresas mediáticas de la comunidad, además de generar una situación de inseguridad jurídica para el sector.
