Han pasado 20 meses desde la aprobación de la Ley de Atención Residencial de Castilla y León y uno de sus pilares básicos sigue sin desarrollarse: la definición del personal mínimo necesario para garantizar una atención centrada en la persona. Es el incumplimiento que vuelve a denunciar en un comunicado la Plataforma Social de Castilla y León, que acusa a la Junta de mantener la norma en un limbo administrativo mientras la realidad diaria de las residencias apenas ha cambiado.
Desde la Plataforma denuncian que la falta de este desarrollo reglamentario vacía de contenido la propia ley, aprobada tras años de reivindicaciones sociales y con el compromiso explícito de mejorar la calidad asistencial, especialmente tras el impacto que tuvo la pandemia en los centros de mayores. Sin ratios claras y obligatorias, advierten, la atención personalizada queda reducida a una declaración de intenciones.
El colectivo recuerda que la ley no solo contempla la atención centrada en la persona, sino también la creación de plazas de convalecencia sociosanitaria, fundamentales para facilitar la recuperación tras procesos hospitalarios y evitar ingresos innecesarios en residencias o estancias prolongadas en hospitales. Un compromiso que, aseguran, tampoco se ha materializado, pese a los acuerdos firmados.
La Plataforma Social subraya que esta inacción tiene consecuencias directas: sobrecarga de las plantillas, dificultad para ofrecer cuidados individualizados y desigualdades entre centros públicos y privados. “Sin personal suficiente no hay cambio de modelo posible”, insisten, al tiempo que reclaman a la Junta que deje de aplazar decisiones clave y cumpla de forma efectiva con una ley que ya está en vigor.
Para la Plataforma Social de Castilla y León, cada mes que pasa sin fijar el personal mínimo supone un paso más lejos del modelo de cuidados dignos que la propia normativa prometía garantizar.
