El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el convenio suscrito entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y diez comunidades autónomas para implantar una licencia interautonómica de caza y pesca en aguas interiores, una medida que pretende reducir trámites administrativos y facilitar la movilidad de cazadores y pescadores entre distintos territorios.
El acuerdo permitirá que quienes practican estas actividades puedan hacerlo con una sola licencia válida en todas las comunidades adheridas, evitando así tener que tramitar autorizaciones independientes en cada autonomía.
Las comunidades firmantes del convenio son Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Asturias y Murcia, que pasarán a compartir este sistema común.
Un nuevo convenio que amplía el acuerdo anterior
El texto publicado en el BOE sustituye al marco legal aprobado en 2017, introduciendo una novedad relevante: la incorporación de Castilla-La Mancha y Andalucía, que no participaron en el acuerdo inicial.
La nueva licencia tendrá validez anual y un coste fijo de 70 euros en el caso de la caza y de 25 euros para la pesca en aguas continentales.
Además, el sistema contempla una coordinación automática entre administraciones en materia de sanciones, de manera que las inhabilitaciones o prohibiciones derivadas de infracciones en una comunidad autónoma se aplicarán también en el resto de territorios adheridos.
El funcionamiento del sistema se apoyará en la plataforma digital Licicaz-web, desarrollada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta herramienta permitirá intercambiar información en tiempo real entre las administraciones autonómicas, gestionar altas y bajas de licencias y verificar los requisitos exigidos a los usuarios.
Según el Ministerio, el objetivo es agilizar la gestión administrativa y garantizar una mayor coordinación entre territorios, al tiempo que se facilita la práctica de la caza y la pesca en distintos espacios del país.
La medida también busca favorecer la actividad económica vinculada al medio rural, especialmente en territorios con tradición cinegética y piscícola, donde estas actividades generan movimiento turístico, empleo y consumo asociado a la hostelería, alojamientos rurales y servicios especializados.
