El Consejo de Gobierno celebrado hoy ha aprobado ampliar la oferta de empleo público de la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y sus organismos autónomos para el año 2019, aprobada por Acuerdo 19/2019, de 28 de marzo, por el que se distribuyen un total de 3.513 plazas.
La Junta de Castilla y León, aprueba esta nueva Oferta de Empleo Público, en virtud del Artículo 19.1.2 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, que establece que las Administraciones Públicas que en el ejercicio anterior hubieran cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y regla de gasto, tendrán una tasa de reposición del 100%, asimismo y de forma adicional, la Administración de Castilla y León dispone en esta oferta de una tasa del 8% y la destina a aquellos ámbitos o sectores que requieren un esfuerzo de efectivos, siempre dentro del marco de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Calendario Anual Normativo para el año 2020, en el que se recoge la previsión de elaboración y aprobación de 18 proyectos de ley, 89 decretos y 13 órdenes por parte de las diez consejerías de la Junta de Castilla y León.
En el inicio de la presente legislatura, los primeros proyectos de ley del Gobierno autonómico van a impulsar la transparencia, la lucha contra el fraude y la corrupción, la ordenación del territorio, la evaluación de las políticas públicas, la gestión de los recursos cinegéticos, la ordenación de los niveles asistenciales del Servicio Público de Salud de Castilla y León y otras materias y compromisos del acuerdo de gobernabilidad vigente, tales como los derechos y las garantías de las personas al final de su vida y la igualdad de trato y de no discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género en la Comunidad de Castilla y León.
Como complemento de la planificación estratégica, reflejada en los acuerdos de gobernabilidad, la Junta aprueba este calendario anual normativo como instrumento que permitirá coordinar y racionalizar la producción normativa de la Comunidad.
