La Junta de Castilla y León impulsará durante esta legislatura una batería de medidas para modernizar la Función Pública, mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos y reforzar la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía. Entre las principales actuaciones figuran la aprobación de una nueva Ley de Función Pública, la reclasificación profesional del personal laboral con mejoras retributivas y la negociación de un nuevo convenio colectivo.
Así lo trasladó este martes el consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, durante su primer encuentro institucional con los representantes de las organizaciones sindicales con presencia en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración de la Comunidad (CSIF, UGT, TISCYL y CCOO).
Durante la reunión, González Gago destacó el papel esencial de los empleados públicos en el funcionamiento de la Administración y reafirmó el compromiso del Ejecutivo autonómico de desarrollar estas medidas desde el diálogo y la negociación con las organizaciones sindicales.
Entre los principales objetivos de la legislatura figura la aprobación de una nueva Ley de Función Pública de Castilla y León, que actualizará el marco normativo para adaptarlo a las nuevas necesidades de gestión y a los cambios legislativos. Asimismo, la Junta abordará la reclasificación profesional del personal laboral, un proceso que conllevará mejoras salariales y que dará continuidad a la reorganización iniciada en la pasada legislatura con la integración de los trabajadores del antiguo grupo V en el grupo IV.
El Ejecutivo autonómico también actualizará las relaciones de puestos de trabajo del personal laboral para adecuarlas a la realidad actual de la Administración y continuará negociando un nuevo convenio colectivo que permita modernizar las condiciones laborales de este colectivo.
Además de estas medidas, la Junta elaborará una Estrategia de Ordenación de los Recursos Humanos para planificar las necesidades de personal a medio y largo plazo y definir nuevos perfiles profesionales adaptados a la transformación digital y al uso de la inteligencia artificial en la gestión pública.
La Consejería de la Presidencia reforzará igualmente la formación continua de los empleados públicos a través de la Escuela de Administración Pública e impulsará la evaluación del desempeño como herramienta para favorecer la mejora organizativa y el desarrollo profesional.
Entre las iniciativas previstas también figura el desarrollo de la carrera profesional horizontal, el estudio de la implantación de una nueva categoría profesional IV y la negociación de un sistema de concurso abierto y permanente para el personal funcionario, con el objetivo de facilitar la movilidad voluntaria y agilizar la cobertura de puestos.
La Junta negociará además un nuevo Plan de Igualdad para los empleados públicos, con medidas dirigidas a reforzar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres y prevenir cualquier forma de discriminación en el ámbito laboral.
En materia de condiciones de trabajo, el Gobierno autonómico prevé impulsar actuaciones para favorecer la conciliación, como la regulación del derecho a la desconexión digital, mejorar la salud laboral, mantener incentivos para los puestos de difícil cobertura, especialmente en el medio rural, y seguir avanzando en la inclusión de las personas con discapacidad en el empleo público.
El consejero concluyó asegurando que el objetivo es contar con una Administración "moderna y eficiente", al tiempo que cercana a los ciudadanos y comprometida con los profesionales que garantizan el funcionamiento diario de los servicios públicos.
