La Junta de Castilla y León, a través del Consejo de Gobierno reunido el 15 de mayo de 2025, ha autorizado una subvención total de 1,2 millones de euros destinada a UGT, CCOO y CEOE Castilla y León para financiar acciones vinculadas al IV Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial. Esta iniciativa busca acelerar la transformación del modelo productivo regional hacia un desarrollo económico sostenible y la creación de empleo estable y de calidad.
Los fondos se repartirán en 300.000 euros para la Unión General de Trabajadores (UGT), otros 300.000 euros para Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla y León, y 600.000 euros para la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (CEOE Castilla y León). Estas subvenciones financiarán actividades de difusión, seguimiento y desarrollo de medidas que promueven la modernización empresarial, la digitalización de procesos y la transición ecológica en el tejido productivo.
El IV Acuerdo Marco de Competitividad se integra en la Estrategia de Emprendimiento e Innovación de Castilla y León 2027, abordando de manera conjunta los ejes estratégicos de emprendimiento, innovación, digitalización y sostenibilidad, así como el impulso a la internacionalización empresarial conforme al V Plan de Internacionalización Empresarial 2022-2027. Además, se avanza en planes sectoriales relevantes como el Plan Sectorial del Hábitat y la Estrategia de Economía Circular 2021-2030, reforzando la transición hacia modelos productivos más responsables con el medio ambiente.
En paralelo, la Junta trabaja en la elaboración de una estrategia regional de talento que persigue atraer, fidelizar y potenciar el capital humano en Castilla y León, clave para mantener la competitividad y el desarrollo económico en el medio y largo plazo.
Este acuerdo constituye un marco estratégico único que unifica las diferentes políticas industriales y empresariales de la Comunidad, incorporando las aportaciones y el trabajo conjunto con los agentes sociales y económicos. Según el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, el diálogo social se establece como un principio rector en la política regional, reconociendo el papel esencial de sindicatos y organizaciones empresariales en la cohesión social y el progreso económico.
