Nueve Castilla y León ha denunciado públicamente que los presupuestos autonómicos para 2026, presentados por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, no cumplen con los trámites legales necesarios para su validez, al haberse presentado sin la aprobación previa del techo de gasto, un requisito obligatorio según la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria de Castilla y León y la normativa estatal.
Según Silvia Clemente, ex presidenta del Parlamento autonómico, “el procedimiento seguido es irregular”, y advierte de que, de continuar este proceso, la Ley de Presupuestos podría ser nula de pleno derecho, al vulnerar tanto la legislación estatal como la autonómica.
Desde Nueve CyL critican que los presupuestos presentados se han convertido en un "ejercicio de propaganda", con anuncios llamativos pero sin respaldo legal ni planes concretos para afrontar los problemas de la comunidad. Entre las medidas cuestionadas destacan el incremento del 30% en el presupuesto de Medio Ambiente, sin que se expliquen mejoras en la prevención de incendios ni la estabilidad laboral de los trabajadores del operativo, cuyo traslado a TRAGSA no garantiza su conversión en empleados públicos ni mejores condiciones.
También, se destinan 30 millones de euros a autónomos, pese a que Castilla y León ha perdido más de 3.000 afiliados autónomos desde 2024. En el ámbito sanitario, el presupuesto crece, pero las listas de espera quirúrgicas superan los plazos legales para más de 30.000 personas. También se reservan 34 millones para la creación de suelo industrial, aunque muchas zonas carecen de suministro energético suficiente, un problema señalado reiteradamente por los empresarios de la región.
Por último, se anuncian 2.839 millones para “sostenibilidad demográfica”, sin que exista una estrategia autonómica ni un departamento específico para frenar la despoblación, que convierte a Castilla y León en la comunidad que más jóvenes pierde cada año, critican desde el partido.
Nueve CyL subraya que la ciudadanía necesita seriedad, rigor y respeto a la ley y apuestan por una política transparente y responsable, orientada a proteger los intereses de los castellanos y leoneses y garantizar el cumplimiento legal de las iniciativas públicas.
