La Junta de Castilla y León ha dado luz verde al Decreto Ley de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales y para la protección de la población en entornos urbanos, con el objetivo de responder a la creciente virulencia de los incendios registrados en los últimos años. La norma articula un marco integral de actuación en prevención, extinción y restauración, introduciendo modificaciones en leyes autonómicas y reglamentos existentes para agilizar procedimientos y mejorar la eficacia de las actuaciones públicas y privadas.
Entre las novedades más destacadas, el Decreto declara de interés general toda actuación en el territorio vinculada a la seguridad frente a incendios, habilitando a las administraciones competentes para intervenir en terrenos privados y priorizando ayudas públicas destinadas a la prevención. Se establece la integración de la prevención de incendios en la planificación urbanística y en las ordenanzas municipales, reforzando los Planes de Protección Civil locales y creando los denominados “anillos de seguridad” alrededor de núcleos urbanos para minimizar riesgos.
La norma también busca mejorar la gestión activa del territorio mediante el mantenimiento de usos agrícolas que generen discontinuidades en la cubierta forestal, facilitando la recuperación de mosaicos tradicionales y simplificando procedimientos de concentración parcelaria o roturación para usos preventivos. Asimismo, se agilizan los trámites administrativos para aprovechamientos maderables y leñosos, la apertura de vías forestales y otras actuaciones necesarias para reducir la carga de combustible en los montes.
El Decreto Ley incorpora medidas preventivas dentro de las Áreas Naturales Protegidas, incluyendo Red Natura 2000 y Red de Espacios Naturales, considerando compatibles las labores de prevención con la conservación del medio natural. Además, se refuerza la planificación de la propia acción preventiva de la Junta, fomentando la concienciación social, la vigilancia, la participación ciudadana y la cultura de autoprotección.
Por último, la norma refuerza las capacidades del operativo de incendios forestales, priorizando la cobertura de vacantes, la coordinación entre componentes del dispositivo y la interoperabilidad en emergencias de protección civil. Se promueve la colaboración con las diputaciones provinciales para apoyar a los municipios en la prevención y se garantiza la entrada en vigor inmediata del Decreto Ley tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León.
