La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha solicitado formalmente a la Junta de Castilla y León la aplicación inmediata de la jubilación parcial para el personal laboral de la Administración General y de sus organismos autónomos, así como la resolución de todas las solicitudes que permanecen pendientes desde el 1 de abril de 2025.
Según explica el sindicato, la paralización de este derecho se produjo tras la reforma introducida por el Real Decreto-ley 11/2024, derivada del acuerdo alcanzado entre el Gobierno, CCOO y UGT. La nueva normativa establecía la obligación de contratar al trabajador relevista con un contrato indefinido y a jornada completa, una condición que, a juicio de CSIF, no tenía en cuenta las particularidades del empleo público y que terminó provocando, en la práctica, la imposibilidad de acceder a la jubilación parcial en las administraciones públicas.
Desde el inicio de esta situación, CSIF asegura haber impulsado diversas iniciativas para modificar la normativa, además de acudir a los tribunales y trasladar esta reivindicación a las mesas de negociación con el Gobierno.
Como resultado de estas actuaciones, el sindicato destaca la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Real Decreto-ley 19/2026, una norma que adapta la regulación de la jubilación parcial a las características de las administraciones públicas y permite recuperar este derecho mediante fórmulas de contratación compatibles con la legislación vigente en materia de empleo público.
CSIF reclama una actuación urgente de la Junta
Tras este cambio normativo, CSIF considera que la Junta de Castilla y León debe actuar con la máxima rapidez para evitar que el personal laboral continúe viendo retrasado el acceso a la jubilación parcial.
Por ello, el sindicato reclama:
- La resolución inmediata de todas las solicitudes de jubilación parcial pendientes desde el 1 de abril de 2025.
- La aplicación urgente del régimen previsto en el Real Decreto-ley 19/2026.
- La aprobación de instrucciones de gestión actualizadas que unifiquen los criterios en todas las consejerías y organismos autónomos.
- La adopción inmediata de las medidas necesarias para garantizar el acceso a este derecho al personal laboral que cumpla los requisitos establecidos.
CSIF sostiene que, una vez eliminados los obstáculos legales que impedían aplicar la jubilación parcial en el ámbito de la Administración pública, ya no existen motivos para mantener paralizadas las solicitudes, por lo que insta a la Junta de Castilla y León a agilizar los trámites y dar respuesta a los trabajadores afectados.
