De enero a junio de 2019, el TARCCYL ha resuelto 95 recursos mientras que el año pasado en el mismo periodo fueron 53 recursos.
Agustín S. de Vega, presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, subraya que estas cifras ratifican la importancia del trabajo que lleva a cabo el TARCCYL a la vez que ponen de manifiesto el aumento significativo de la actividad
En su opinión, el TARCCYL desarrolla una labor fundamental contribuyendo a reducir la litigiosidad, aportando seguridad jurídica y generando ahorro público, y todo ello, sin que el trabajo del Tribunal genere coste alguno
El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCCYL), órgano creado por la Unión Europea adscrito en Castilla y León al Consejo Consultivo, ha incrementado su actividad en un 80% en el primer semestre de este año. Concretamente, de enero a junio de 2019 ha resuelto 95 recursos mientras que el año pasado en el mismo periodo fueron 53 recursos.
En este sentido, el presidente del Consejo Consultivo de Castilla y León y del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, Agustín S. de Vega, subraya que estas cifras ratifican la importancia del trabajo que lleva a cabo el TARCCYL a la vez que ponen de manifiesto el aumento significativo de la actividad.
S. de Vega destaca que desde la adscripción del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, en 2012, se han resuelto más de 750 recursos que suman más de 5.000 millones de euros en litigio.
De este modo, en su opinión, el TARCCYL desarrolla una labor fundamental contribuyendo a reducir la litigiosidad, aportando seguridad jurídica y generando ahorro público, y todo ello, sin que el trabajo del Tribunal genere coste alguno. Asimismo, recuerda la celeridad del Tribunal, con una duración media del procedimiento muy inferior a la de los procesos judiciales.
El pasado año, el Tribunal de Recursos Contractuales resolvió 131 recursos de contratación, un 8,3% más que en 2017. De ellos, 102 recursos procedieron de procesos de contratación de Consejerías, de manera especial la de Sanidad, y de municipios, principalmente por materias relacionadas con los ámbitos de servicios y suministros.
El 30% de las resoluciones dictadas estimaron total o parcialmente los recursos, el 56% los desestimaron y el resto fueron desistimientos e inadmisiones. En cuanto a los actos impugnados, la mayor parte corresponde a pliegos y anuncios de licitación. En este sentido, se impugnan fundamentalmente los contratos de servicios, seguidos de los contratos de suministros.
