La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha alertado sobre un colapso inminente en la administración educativa de Castilla y León, con un 31,7% de los puestos en las Direcciones Provinciales de Educación vacantes. Según un informe técnico del sindicato, esta situación pone en riesgo la escolarización, la gestión de obras, equipamientos y el funcionamiento diario de los centros educativos de toda la Comunidad.
El informe revela que, aunque la media de vacantes en el personal administrativo de los centros educativos es menor (8,5%), el número de puestos sin cubrir ha aumentado de 240 a 322 en lo que va de año, un incremento de 82 plazas. Isabel Madruga, presidenta del sector de Educación de CSIF Castilla y León, advierte de que esta falta de personal compromete la planificación del curso escolar, la gestión del transporte y los pagos a proveedores, afectando directamente al alumnado y sus familias.
La situación es especialmente grave en León, donde un solo administrativo gestiona más de 1.000 alumnos, y en Burgos, con ratios superiores a 900. Ávila y Segovia presentan estructuras administrativas “desmanteladas”, con más del 33% de las plazas vacantes. En algunos institutos de Salamanca y Soria, como el IES Diputación, IES Leonardo Da Vinci, IES Torres Villarroel, IES Castilla o IES La Rambla, no hay ningún trabajador administrativo, lo que obliga al personal docente a asumir tareas burocráticas esenciales como matriculaciones y gestión de expedientes.
Agustín Argulo, presidente del sector de Administración General de CSIF Castilla y León, denuncia que el “cuello de botella” en la gestión educativa es consecuencia de años de abandono institucional. Señala que la Junta lleva más de dos años sin actualizar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), lo que impide adaptar las plantillas a las necesidades reales y ha derivado en externalizaciones opacas y procedimientos al límite de la legalidad.
Las áreas más afectadas por las vacantes son Planificación (44,4%), Construcción y Equipamiento (40,5%) y Contratación (33,3%), provocando retrasos en la admisión de alumnos, transporte escolar, licitaciones de obras y ejecución presupuestaria.
CSIF exige a la Consejería de Educación y a la Dirección General de Función Pública una intervención inmediata para cubrir las vacantes, reforzar las bolsas de empleo y actualizar las RPT. “La educación pública no se sostiene solo con docentes; sin una gestión administrativa ágil y robusta, el sistema colapsa”, concluyen desde el sindicato.