Las 16 medidas generales que pretenden organizar el regreso a la actividad lectiva del curso 2020-21, presentadas por la Consejera de Educación, han demostrado ser mera propaganda, con falta de certezas y de concreciones, pues los Centros no han sido consultados antes de sacar estos documentos de la Consejería de Educación.
De facto lo que la Consejería ha hecho es un "gran" documento estándar y obligado a los Centros a rellenarlo como mejor han podido en función de sus instalaciones, para reenviárselo antes del final de julio.
El punto de partida es igual al curso anterior: ratios de alumnos muy elevadas, y docentes con sobrecarga lectiva después de negarse la Junta a cumplir su firmada y prometida reversión de horas lectivas tras el incremento sufrido desde 2012.
Lamentablemente la Junta ha pasado la "pelota" a los Centros, haciendo un Protocolo de buenas intenciones e irrealizable en muchos casos, donde se responsabiliza y culpa a los Centros, a sus equipos directivos y al resto del personal, en caso de no poder cumplirlo si se dan contagios de COVID-19, mientras la Consejería y sus Direcciones Provinciales se lavan las manos.
Quienes han redactado estos documentos, hace mucho tiempo que no han estado en los Centros, ni conocen su realidad: grupos de alumnos que superan con creces las ratios recomendadas en el protocolo, falta de capacidad de la mayoría de las aulas para poder aplicar las medidas adecuadas de distancia social con el alumnado, aplicación de medidas de convivencia anti COVID imposibles en muchos Centros en las rutinas diarias con el alumnado... Resulta
sorprendente que la Dirección General de Salud dé el visto bueno a estas medidas.
La Consejería no baja las ratios, pues esto implicaría aumentar los grupos en cada nivel educativo, en muchos casos hasta llegar a duplicarse, con la consiguiente necesidad de contratar profesorado en un número muy superior al que dice la señora Lucas, para el total de los miles de Centros educativos de la Comunidad.
Si hay un rebrote que obligue al confinamiento y al trabajo telemático, el Protocolo no contempla en absoluto las necesidade del profesorado, que tiene aún graves carencias en el trabajo digital, que en muchos casos no tiene equipos adecuados o se los ha tenido que costear personalmente para adaptarse a las nuevas necesidades del trabajo, y que tiene que asumir otros costes individuales por el uso extra de datos y el mantenimiento de sus equipos informáticos particulares para tareas docentes. Mientras que el Gobierno Central está tratando de regular estos aspectos para la empresa privada y sus trabajadores, la Consejería de Educación de la Junta pretende de nuevo que este teletrabajo y sus costes sobrevenidos recaigan sobre un profesorado que no protesta y que, con profesionalidad, dedicación, esfuerzo, e incluso vocación, se esfuerza por el bien de sus alumnos.
Por otra parte, las instrucciones de la Consejería de Educación olvidan el problema de la Formación Profesional.
Sólo aporta un párrafo con vaguedades para unas enseñanzas eminentemente prácticas y presenciales. Tampoco hace suficiente hincapié en el alumnado con necesidades educativas específicas.
Sobre el transporte escolar, lo que regula es difícil que se pueda llevar a cabo en Secundaria (mascarilla siempre puesta, distancia al esperar el autobús y al bajar de él, etc.), cuando sólo hay un conductor. Urge una demanda largamente pedida por CGT, sobre que haya cuidadores en el servicio de transporte en secundaria y con más motivo en los tiempos que vienen.
Por no hablar del servicio de comedor, donde en algunos centros públicos de infantil y primaria, va a forzar a realizar hasta cuatro turnos, debido al espacio reducido El documento menciona en el punto 1 del bloque I que su objetivo primordial es garantizar la seguridad y la salud del personal y del alumnado frente a la COVID 19, tomando medidas preventivas con dos ejes principales: evitar los contagios y detectar precozmente y aislar los posibles casos. Pero no da cobertura a medidas que realmente protejan dicha seguridad y salud, sino que desvía nuevas responsabilidades de arriba a abajo hacia el propio trabajador docente y no docente ante lo que le pueda ocurrir en su puesto de trabajo cuando señala que "cada persona debe encargarse del mantenimiento en condiciones saludables de su puesto de trabajo". En cambio, nada incluye sobre inversiones necesarias, mejoras, planificación, supervisión y responsabilidad en niveles superiores a los Centros.
El uso de la mascarilla debe ser obligatorio en todo caso en los Centros educativos dado que en estas instalaciones repletas de personal y alumnado es difícil que se pueda dar la distancia social requerida, y sobre todo porque la Junta ha aprobado una legislación que obliga desde el 18 de julio a usarla en todos los espacios públicos y privados de acceso público. Más cuando ya hemos mencionado que en muchos casos será imposible mantener un mínimo
distanciamiento social entre el alumnado en las aulas. Al respecto, la Consejería de Educación ya ha comunicado a las Direcciones Provinciales y a los equipos directivos que van a comprar mascarillas tomando como referencia el 30% del personal del centro (recogido por la prensa), lo que supone que el 70% del personal tendrá que costearse su propia mascarilla, cuando es una herramienta profesional imprescindible.
Esto no pasa en ninguna empresa, más aún, en ninguna Consejería de la Junta, ni tan siquiera en muchos Departamentos de gestión y administración de
cualquier Consejería, incluso en aquellas en las que no se trabaja directamente con personas ajenas.
La Consejería de Educación se ha acostumbrado a no dotar al personal docente de los medios necesarios para su función, corriendo a su cargo en muchas ocasiones hasta el material de papelería (bolígrafos, cuadernos del profesor, batas, etc.). Ahora, si el Centro quiere que su personal tenga este mínimo elemento de salud laboral disponible para sus trabajadores, lo tendrá que pagar él mismo sin aumento alguno de los presupuestos para este concepto (hay que tener en cuenta que una mascarilla quirúrgica debe retirarse al cabo de 4-8 horas de uso, lo que supone que un trabajador de un centro docente necesita una mascarilla para trabajar y otra en su vida personal).
Ahora ya está claro que al haber vivido unos meses confinados en nuestros hogares bajo una enseñanza telemática, lo que echamos de menos del sistema educativo, tanto familias como docentes, es la presencialidad del aula. Aunque también tenemos claro que no puede ser a cualquier precio y sin garantías, queremos que el curso escolar sea similar a lo que conocemos como educación pública de calidad, es decir, que siga siendo una educación equitativa, que
atienda a las diferencias individuales en términos de potencialidades, que sea una educación integral del individuo (en la que se comparta, se aprenda los unos de los otros, se atienda a lo instruccional y lo emocional, se aprenda de la experiencia...) y que sea segura. No queremos que los escolares, docentes y familias se sientan desatendidos por una Administración que deja en manos de los equipos directivos la gestión, organización y seguridad de sus centros
y escolares, sin generar ninguna mejora derivada de la experiencia vivida, ni aumentando cupos de docentes, ni de recursos.
El único escenario previsto por la Administración educativa autonómica es el de una "supuesta" normalidad, y así se refleja en los documentos y protocolos que ha ido emitiendo (sin consultar a la comunidad educativa), que no concretan nada y ponen en los docentes toda la responsabilidad: control de distancias, limpieza, ventilación de aulas, mínimo de contactos...
Los docentes no somos personal sanitario, ni personal de seguridad, ni meros evaluadores como nos han hecho creer durante la teledocencia. Los docentes somos personas preocupadas por nuestros alumnos/as, sus familias y las nuestras, no debemos someterlas a la presión sufrida durante el confinamiento y sí atender con especial cuidado a las que han vivido situaciones más vulnerables.
La escuela pública no es una ONG y que requiere inversión y dotación.
