La Junta de Castilla y León ha reiterado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que convoque la Conferencia Sectorial de Transportes como órgano donde debatir el Mapa Estatal de transporte de viajeros por carreteras. En una reunión de directores generales, el Gobierno de España ha tenido que retirar del orden del día este punto al encontrarse con el rechazo de 11 comunidades autónomas que siguen demandando al Ministerio que dirige Óscar Puente que negocie los criterios de manera conjunta y no con encuentros bilaterales o con imposiciones.
La directora general de Transportes y Logística de la Junta de Castilla y León, Laura Paredes, ha participado en esta reunión en la que no se ha abordado el Mapa Concesional “en contra de lo que ha anunciado el Gobierno de España con una nota de prensa que se ha publicado previa a la reunión”. Paredes, en representación de la Junta de Castilla y León, ha solicitado la retirada de este punto del orden del día y ha instado al Ejecutivo central "a que se lleve de una vez por todas este borrador del Mapa, del año 2022, a la Conferencia Sectorial, el órgano de mayor representatividad posible."
Un Mapa Estatal que suprimiría 474 paradas en 346 municipios de Castilla y León y que sería, ha indicado Paredes, “un ataque al medio rural al privarles de un servicio básico. No responde a las necesidades de cohesión y vertebración territorial de nuestra Comunidad”. Una reorganización, que según el Ministerio optimiza rutas, pero “a costa de suprimir paradas”, siendo este “un modelo injusto y similar al que está implementando en el transporte ferroviario en Castilla y León con eliminación de paradas para ganar tiempo entre grandes ciudades."
El planteamiento del Gobierno que no se ha llegado a debatir de financiar con 40 millones de euros estas rutas que pasen a ser gestionadas por las comunidades autónomas “es insuficiente porque Castilla y León necesitaría 25 millones, siendo según un estudio el coste de asumir esos trayectos en todo el país de 123 millones”. Además, ha señalado que “esa financiación sería transitoria y no tendría vocación de continuidad”.
En la reunión de la Comisión de directores generales de Transportes, Laura Paredes sí ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la posibilidad de destinar los remanentes de las convocatorias de subvenciones no ejecutadas a actuaciones propias de la Comunidad Autónoma, con el objetivo de avanzar en la digitalización del transporte dentro del Componente 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation EU. “La Junta de Castilla y León siempre ha mostrado su compromiso con la ejecución de los fondos europeos, pero es imprescindible que se nos permita utilizar los remanentes en actuaciones que realmente mejoren la movilidad y modernización del transporte en nuestro territorio”, ha explicado.
Estos remanentes provienen de renuncias o de la falta de solicitudes de las empresas beneficiarias, por lo que su uso en proyectos autonómicos permitiría aprovechar al máximo los fondos europeos y cumplir los objetivos de modernización y eficiencia del sector.
Por otro lado, la Junta ha solicitado la ampliación de plazos de ejecución de los proyectos de digitalización del transporte, como los Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), debido a la alta complejidad técnica que las empresas adjudicatarias están afrontando, a pesar de que la Administración autonómica ha cumplido rigurosamente con los plazos de licitación y adjudicación previstos en los hitos europeos.
