PODEMOS-ALIANZA VERDE denuncia la privatización de la sanidad en Castilla y León y pide reforzar la atención pública
Zamora, 13 de febrero de 2026 – Miguel Ángel Llamas, candidato de PODEMOS-ALIANZA VERDE a la Junta de Castilla y León, alertó recientemente sobre las políticas privatizadoras que, según él, están afectando gravemente a la sanidad de la Comunidad. Llamas subrayó que desde su formación consideran “vital una Sanidad Pública de calidad, independientemente del lugar de residencia”.
El candidato criticó el incremento del 18% en los conciertos con empresas privadas durante el último año y advirtió que estos contratos pueden ser “una fuente de corrupción”. Además, denunció la falta de personal, la precariedad laboral, los bajos salarios y la inestabilidad de muchos profesionales, así como los largos tiempos de espera para citas de atención primaria, que superan los plazos recomendados de 24 a 48 horas.
“En nuestros pueblos, la sanidad es esencial para fijar población y luchar contra la despoblación”, indicó Llamas. Sin embargo, denunció que el plan Aliste mantiene muchos consultorios cerrados o con atención limitada a previa cita mensual, dificultando el acceso a la atención médica, especialmente para personas mayores con limitaciones digitales.
El candidato también señaló que los tiempos de espera en Zamora para consultas externas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas son cada vez mayores, mientras el Partido Popular apuesta por la privatización de servicios esenciales. Según Llamas, el aumento del 24% en las reclamaciones al Procurador del Común confirma “el deterioro de la asistencia sanitaria en nuestra Comunidad”.
En relación a los derechos reproductivos, Llamas denunció que “este gobierno vulnera el derecho de las mujeres a abortar con garantías en la sanidad pública, obligándolas a recurrir a centros privados o a otras comunidades autónomas”.
PODEMOS-AV propone reforzar la atención sanitaria en el medio rural, reducir la brecha digital mediante atención presencial, mejorar la proximidad de los servicios y garantizar cuidados socio-sanitarios a una población mayoritaria de edad avanzada. Entre sus medidas destaca la creación de una oficina de supervisión de contratación sanitaria para auditar los contratos privatizados, así como derogar la Ley 15/1997 y modificar la Ley 8/2010 para blindar el gasto público en sanidad, fijando un mínimo del 9% del PIB y un 25% de ese gasto en atención primaria.
Llamas aseguró que su formación no busca solo resistir frente a la privatización, sino pasar a la ofensiva aumentando las prestaciones sanitarias en fisioterapia, salud mental, atención ocular y odontológica, al tiempo que se promueve un entorno atractivo para captar y retener profesionales sanitarios, reforzando una gobernanza más participativa en la gestión de los servicios públicos.
