Plataformas ciudadanas, asociaciones y movimientos sociales en defensa de la sanidad pública han anunciado una coordinación estatal para “frenar el desmantelamiento” del Sistema Nacional de Salud (SNS), exigir el fin de las privatizaciones y reclamar más recursos humanos y económicos para garantizar el derecho a la salud.
Las organizaciones, procedentes de distintas comunidades autónomas, han acordado impulsar movilizaciones conjuntas en más de diez territorios, entre ellos Comunidad Valenciana, Madrid, Andalucía, Extremadura, La Rioja, Canarias, Castilla y León y Castilla-La Mancha, con el objetivo de extender el llamamiento al resto del país.
Entre sus principales reivindicaciones figura la derogación de la Ley 15/1997, de 25 de abril, que habilita nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud y permite concesiones público-privadas. A juicio de estas plataformas, esta normativa ha facilitado un modelo que “convierte el derecho a la salud en un negocio”.
También reclaman la derogación de los artículos 66, 67 y 90 de la Ley General de Sanidad de 1986, relativos a los denominados “conciertos singulares”, así como de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, al considerar que posibilita el uso reiterado del contrato menor y favorece a determinadas empresas privadas sin suficiente concurrencia pública.
Asimismo, exigen la derogación del Real Decreto Ley 16/2012, que modificó el modelo de cobertura sanitaria en España. Según las plataformas convocantes, esta norma supuso el paso de un sistema de cobertura universal a otro vinculado a la condición de asegurado, lo que —afirman— derivó en la exclusión de determinados colectivos, especialmente personas inmigrantes y emigrantes.
Los colectivos sostienen que el proceso de privatización y externalización ha ido acompañado de una infrafinanciación progresiva de la sanidad pública, con el objetivo de trasladar pacientes y recursos al ámbito privado. A su entender, este modelo se ha extendido en las distintas comunidades autónomas y ha provocado un deterioro estructural del sistema público.
En este contexto, reclaman que la inversión en Atención Primaria alcance como mínimo el 25% del presupuesto sanitario total, denunciando el debilitamiento de este primer nivel asistencial. Consideran que el deterioro de la Atención Primaria actúa como puerta de entrada a la privatización del sistema.
Las plataformas también critican el uso de herramientas como la Inteligencia Artificial y los centros de atención telefónica para gestionar derivaciones, al entender que pueden favorecer la externalización de servicios hacia la sanidad privada.
Durante la asamblea estatal en la que se acordó la coordinación de acciones, las organizaciones señalaron como ejemplo de los efectos del modelo privatizador diversos casos conocidos públicamente en los últimos años, como los cribados de cáncer de mama en Andalucía, los audios relacionados con la gestión sanitaria en Madrid o informaciones sobre reutilización de material sanitario en hospitales gestionados bajo fórmulas público-privadas.
Las plataformas firmantes defienden que la sanidad pública debe garantizarse como un derecho universal y reclaman a las administraciones un cambio de rumbo en las políticas sanitarias para reforzar la red pública asistencial en todo el Estado.
