Los grupos agrarios y ganaderos de ASAJA, COAG y UPA en Castilla y León han pedido a las administraciones una normativa específica que proteja las tierras de labor “ante el afán desmesurado de grandes empresas privadas por convertir parcelas agrícolas productivas en terrenos para generar energía eléctrica”.
Las tres organizaciones agrarias han trasladado un escrito reclamando una normativa específica que recoja la opción de la implantación de placas fotovoltaicas o solares, incluidas las infraestructuras de evacuación de la energía solar o eólica, exclusivamente en terrenos no aprovechables para la producción agraria.
Para ello, consideran oportuno una regulación estricta que impida la retirada de terreno fértil para la implantación de plantas de generación eléctrica, con la posibilidad de implantar incluso el establecimiento de gravámenes que lo penalicen.
Este es el escrito
En Castilla y León en los últimos 30 años un millón de hectáreas agrícolas, por lo que consideramos que deben blindarse los terrenos de cultivo frente a la ansiedad privada, e incluso el afán de las propias administraciones locales en muchos casos, por facilitar las instalaciones de energías renovables en todo tipo de terreno rural, puesto que bajo nuestro punto de vista agravaría aún más el problema de despoblamiento en los pueblos.
Conocemos de primera mano que a día de hoy el afán de búsqueda de suelo por parte de la iniciativa privada para este fin se extiende a prácticamente todas las comunidades: Castilla y León, Castilla-La Mancha, Murcia, Valencia, Andalucía, etc. Este nuevo boom de las renovables ha llegado al campo, y su loable objetivo con ambiciosos planes de energías limpias está desatando, sin embargo, una auténtica ofensiva en busca de todo tipo de suelo, que precisamente por este hecho puede ser nocivo para el propio profesional de la agricultura y ganadería y para la sociedad en su conjunto, ante el peligro de que desaparezca superficie destinada a la producción de alimentos.
Ustedes, como Administración pública que son, compartirán con nosotros que no podemos obviar que el suelo productor de alimentos es el patrimonio más importante de cualquier sociedad y así es como debe seguir siendo y preservando, y para ello están obligadas las diversas instituciones a establecer medidas legislativas en tal sentido. Todo lo contrario de lo que está pasando hasta ahora que, incluso yendo aún más lejos, la Administración General del Estado, aprovechando una situación excepcional y extraordinaria como es la guerra de Ucrania, entre las medidas urgentes aprobadas en el Real Decreto-ley 6/2022, legisla en sentido contrario aprobando la agilización y simplificación de los procedimientos relativos a proyectos de energías renovables.
Apoyar la instalación de infraestructuras de energías alternativas es fundamental si con ello se genera riqueza, bienestar y futuro para el medio rural y para los agricultores y ganaderos. Pero debe valorarse muy seriamente el afán desmesurado de empresas promotoras por hacerse con todo tipo de terrenos, también los productivos y cultivables, para este tipo de infraestructuras.
En este sentido, consideramos que la Junta de Castilla y León como gestora del territorio, no puede cruzarse de brazos y dejar que intereses económicos, en muchos casos ajenos a nuestra comunidad, prevalezcan sobre la soberanía alimentaria y busquen en terrenos agrícolas y ganaderos la superficie ideal según sus intereses para instalar placas fotovoltaicas o los destrocen atravesándolos con las líneas de evacuación.
Las tres Opas aquí firmantes solicitamos a los gobiernos autonómico y central, y de igual modo lo haremos ante las Diputaciones provinciales, que busquen una solución y den un paso al frente modificando cuantas normativas sean necesarias, incluida la Ley de Montes, para que se proteja todo el suelo agrícola, especialmente aquel sobre el que se haya hecho una inversión pública como transformación en regadío o el sometido a concentración parcelaria, pero también todo aquel que tenga aprovechamiento agrícola o ganadero, más si cabe cuando la titularidad del terreno sea pública.
Al respecto, ASAJA, COAG y UPA exigen a las administraciones competentes un ejercicio de responsabilidad puesto que en Castilla y León hay mucha superficie potencialmente útil para instalar plantas de energía renovable que no sea terreno agronómicamente fundamental para la producción agraria.
Hay que tener en cuenta que el suelo productor de alimentos está limitado, y que debe ser un patrimonio a defender con todas las herramientas al alcance de la sociedad estableciendo incluso medidas legislativas para preservarlo.
Todas las previsiones de organismos internacionales apuntan a que la población mundial va a seguir creciendo a corto y medio plazo, y es necesario proteger el terreno para producir alimentos. Además, no poner coto a este afán empresarial energético que llevaría consigo la expulsión del sector de profesionales agrarios puede agravar aún más el problema de despoblamiento en los pueblos de nuestra comunidad autónoma y de nuestro país.
Por lo tanto, reclamamos de ustedes, como Administración, que sean especialmente contundentes en no permitir que la instalación de fuentes de energía eléctrica se haga de cualquier manera y en cualquier zona. No es razonable que habiendo tanta superficie en nuestra comunidad las administraciones y los empresarios privados se fijen, por ejemplo, en zonas tradicionales de cultivo, en terrenos de transformación en regadíos, en pujantes tierras productivas o en terrenos muy útiles desde el punto de vista agronómico.
Esperando que se atiendan nuestras peticiones en unidad de acción, y reclamando actuaciones inmediatas en este sentido, quedamos a su entera disposición para atender cualquier duda que al respecto les pueda surgir.
