El Seminario San Atilano ha acogido este miércoles la presentación del IX Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en Castilla y León, un estudio que vuelve a poner el foco en las dificultades estructurales que afectan a miles de hogares. El acto ha contado con la intervención de Pedro Fuentes Rey, miembro del comité técnico de la Fundación FOESSA, acompañado por el director de Cáritas Diocesana de Zamora, Nacho Enrique.
Durante su exposición, Fuentes Rey ha advertido de que la sociedad actual “mantiene su capacidad de generar exclusión social”, subrayando que no se trata de un fenómeno puntual, sino de una dinámica estructural. Aunque los datos reflejan una ligera mejoría respecto a 2021, en plena salida de la pandemia, Castilla y León aún no ha recuperado los niveles de integración social previos a 2018, y menos aún los de antes de la crisis de 2008.
Uno de los datos más destacados del informe apunta a la provincia de Zamora, donde se estima que más de 30.000 personas caen en situación de pobreza una vez afrontan los gastos de la vivienda. Fuentes Rey matizó que se trata de una estimación basada en indicadores consistentes, aunque no de una cifra exacta debido a las limitaciones de la muestra.
El informe identifica dos grandes factores detrás de esta situación: el empleo y la vivienda. En el ámbito laboral, pese al aumento de la ocupación en los últimos años, la precariedad sigue muy extendida.
Aproximadamente el 45 % de la población ocupada presenta algún indicador de inestabilidad, lo que evidencia que tener trabajo ya no garantiza la inclusión social. En Zamora, se calcula que unos 8.000 hogares tienen como principal sustentador a una persona en situación de inestabilidad laboral grave.
En paralelo, el acceso a la vivienda se ha convertido en un elemento central de desigualdad. Entre 2018 y 2024, el precio del alquiler en la ciudad de Zamora ha aumentado en torno a un 14 %, mientras que el crecimiento real de los salarios en Castilla y León apenas ha alcanzado el 0,3 %, descontando la inflación.
Fuentes Rey insistió en que la exclusión social va más allá de la falta de ingresos e incluye factores como el acceso al empleo, la educación, la salud o la participación social. “Es un problema estructural que requiere políticas audaces y a largo plazo”, afirmó, advirtiendo de que las medidas aisladas o sujetas a ciclos políticos no serán suficientes para revertir la situación.
Por su parte, Nacho Enrique destacó la importancia de trasladar estos datos a la sociedad para generar conciencia y promover soluciones centradas en el bien común. En este sentido, ambos coincidieron en la necesidad de un modelo social que priorice a las personas más vulnerables.
El informe también cuestiona el contraste entre los datos macroeconómicos positivos y la realidad de muchas familias. “La mejora existe, pero no llega a todos”, señaló Fuentes Rey, quien alertó del riesgo de normalizar las desigualdades crecientes.
La presentación concluyó con un llamamiento a abordar la exclusión social desde una perspectiva integral y sostenida en el tiempo, con el objetivo de evitar que miles de personas queden al margen del desarrollo económico y social.
