El recurso de reforma, presentado ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 5 de Zamora, impugna el auto dictado el 12 de julio de 2025, por el que el juzgado rechazó la medida cautelar solicitada para frenar la eliminación de las paradas del AVE, en vigor desde el 9 de junio.
En efecto, los denunciantes, tras lectura del auto de desestimación, se preguntan las razones por las que el juez no ha entrado en el fondo del asunto, claramente expuesto, razonado, y con todos los datos y hechos al apoyo. En consecuencia, con este recurso pretenden revertir la decisión judicial de rechazar la paralización cautelar de las medidas tomadas por Renfe arbitrariamente, así como que se entre en el fondo del asunto por razones de legalidad y de lesividad grave para los servicios públicos esenciales como la sanidad y la educación, en la comarca de Sanabria, que el juez parece haber pasado por alto.
En su denuncia, argumentan la posible comisión de un delito de abandono colectivo e injustificado de un servicio público, recogido en el artículo 409 del Código Penal. La supresión de las frecuencias de tren con salida desde Otero de Sanabria a las 8:46 y 9:35 horas, y la llegada a las 8:15, ha afectado directamente a profesionales sanitarios y docentes, así como a numerosos vecinos que dependían de estos horarios para acudir a consultas médicas o trabajar en Zamora.
Las entidades denuncian que esta línea de AVE entre Madrid y Zamora, con parada en Otero, está declarada como Obligación de Servicio Público (OSP) desde el 25 de diciembre de 2022, lo que implica que debe mantenerse con tarifas asequibles y acceso garantizado, incluso si su explotación no es rentable. En consecuencia, “la eliminación de estas paradas vulnera de forma directa esa obligación legal”, señalan.
Además, cuestionan que Renfe haya justificado la supresión de estos servicios invocando un supuesto “interés público” sin que exista una Declaración formal de Interés Público tramitada ni publicada, como exige la normativa vigente. Esta declaración debería incluir justificación, objetivos, impacto social y alternativas, aspectos que, según denuncian, no han sido comunicados ni a la ciudadanía ni a las administraciones afectadas.
Por otro lado, advierten de que Renfe continúa recibiendo compensaciones del Estado por la prestación de un servicio OSP que, según las organizaciones, ya no está cumpliendo en su integridad. Recuerdan que el Gobierno ha incrementado la dotación presupuestaria destinada a Renfe en 525 millones de euros hasta 2029 para garantizar estos servicios.
En este contexto, las organizaciones firmantes consideran que la medida cautelar solicitada en su denuncia sigue siendo urgente y necesaria para evitar el desmantelamiento de los servicios básicos en Sanabria, así como para prevenir un posible enriquecimiento injusto de la operadora ferroviaria con fondos públicos.
A través de este recurso de reforma, UPL, Terra SOStenible, Viriatos Zamora y AGRYGALZA confían en que se revoque el auto judicial y se obligue a Renfe y Adif a restablecer de inmediato las paradas suprimidas en Otero de Sanabria, garantizando así los derechos fundamentales de la población y la continuidad de unos servicios públicos esenciales para la comarca.
