Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha dado un paso al frente en defensa de la conectividad ferroviaria de Zamora tras registrar reclamaciones formales ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La formación leonesista denuncia la supresión de paradas en la ciudad dentro de la reorganización de los servicios de alta velocidad en el corredor Madrid-Galicia y exige su restitución inmediata.
Desde UPL califican la decisión de Renfe como “inadmisible”, al considerar que la creación de trenes directos entre Galicia y Madrid que atraviesan Zamora sin detenerse supone un agravio para la provincia. La organización sostiene que no se trata de una mera cuestión técnica, sino de una medida con implicaciones políticas que perjudica directamente a un territorio especialmente vulnerable por su envejecimiento y despoblación.
En los escritos registrados, UPL solicita al Ministerio que haga públicos los criterios que han motivado la supresión de estas paradas, así como el posible estudio de impacto territorial previo a la decisión. Asimismo, reclama la adopción de medidas urgentes que permitan recuperar el nivel de servicios ferroviarios del que disponía Zamora antes de la reorganización.
Por su parte, ante la CNMC, la formación ha pedido la apertura de una investigación para determinar si la actuación de Renfe se ajusta a las obligaciones de servicio público y al principio de no discriminación territorial. También ha solicitado la aplicación de medidas cautelares que suspendan los nuevos horarios en lo relativo a las paradas eliminadas hasta que se resuelva el procedimiento.
UPL considera que esta situación contradice el discurso del Gobierno sobre cohesión territorial y lucha contra la despoblación, y exige explicaciones tanto al ministro de Transportes como a la dirección de Renfe sobre los criterios adoptados.
Además, la organización ha anunciado que trasladará esta reivindicación a las Cortes de Castilla y León en los próximos días, con el objetivo de que la Junta se posicione de manera “clara y contundente”. Paralelamente, buscará el respaldo de otros grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados para elevar la cuestión y forzar una respuesta oficial del Ejecutivo.
