La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha ratificado el compromiso del Gobierno de España para “facilitar el acceso de la vivienda a los jóvenes” y ha recordado que este año llegarán 10,8 millones de euros para el desarrollo del Bono de Alquiler Joven a Castilla y León, una medida que ha resultado “claramente exitosa, con más de 14.000 solicitudes presentadas en Castilla y León” para optar a esta ayuda de hasta 250 euros destinada al pago del alquiler de vivienda entre jóvenes de entre 18 y 35 años.
Además, ha apuntado, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) ha firmado ya un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Castilla y León que va a permitir la promoción de cerca de un millar de viviendas de protección pública energéticamente eficientes para alquiler social, principalmente para jóvenes. Para el desarrollo de estas actuaciones, el Mitma va a aportar 27,2 millones de euros este año provenientes de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).
“La vivienda es un requisito imprescindible para el desarrollo personal de la ciudadanía y este Gobierno concibe la vivienda no solo como un derecho sino como una necesidad democrática, porque de ella depende el ejercicio de otros derechos fundamentales”, ha defendido Barcones. Por ello, ha apuntado, “la hoja de ruta del Gobierno de Pedro Sánchez contempla el acceso a la vivienda en el centro de sus políticas”, reconociendo la vivienda “como el quinto pilar del Estado de bienestar”.
Dentro de esta línea de trabajo, “satisfacer la necesidad de vivienda de aquellos colectivos más desfavorecidos, en situaciones de vulnerabilidad o exclusión social y, con carácter general, de todos aquellos que tengan dificultades de acceso a la vivienda en el mercado, como los jóvenes, es una de las líneas de trabajo fundamentales”, ha añadido. Porque “los jóvenes son el presente pero, sobre todo, son el futuro”, ha justificado.
Por ello, ha insistido, “hay que trabajar por ofrecer a nuestros jóvenes, a nuestro talento, las mejores condiciones y generar oportunidades que les permitan desarrollar un proyecto de vida en nuestro territorio. Porque lo que construyamos hoy va a ser el motor de desarrollo del mañana”, ha remarcado. “Dotar a los jóvenes de una vivienda digna y asequible, facilitar su emancipación, es una de las claves en este sentido”, ha añadido.
La delegada ha incidido también en la importancia de este tipo de medidas “para lograr una mayor cohesión social y reducir las desigualdades”. Además, ha apuntado, “facilitar el acceso a la vivienda se me antoja básico para afrontar uno de los grandes retos que tenemos en esta comunidad, la despoblación”. “Es necesario dotar a nuestros jóvenes de oportunidades en materia formativa y laboral. Es necesario que tengan opciones de prepararse y, después, desarrollar su carrera profesional. Pero, también, resulta clave que puedan acceder a una vivienda digna y adecuada si queremos facilitar su asentamiento en Castilla y León”, ha defendido, abogando por impulsar medidas como el Bono de Alquiler Joven que facilitar el arraigo de los jóvenes en la comunidad y ayudan a combatir así el reto demográfico.
BONO DE ALQUILER JOVEN
“Tras el éxito de la primera convocatoria, con más de 14.000 solicitudes presentadas en Castilla y León en 2022, el Bono de Alquiler Joven se consolida. Para este 2023, el Gobierno de España contempla una aportación de fondos estatales de 200 millones de euros destinados al Bono Alquiler Joven y, de estos, a Castilla y León van a llegar casi 11”, ha acentuado la representante del Gobierno en la comunidad.
El Bono Alquiler Joven consiste en ayudas de hasta 250 euros mensuales para fomentar el alquiler de viviendas entre los más jóvenes de la sociedad. El bono está destinado a inquilinos de entre 18 y 35 años y se concede por dos años, por lo que la ayuda total asciende a 6.000 euros (a razón de 250 euros al mes).
Los beneficiarios deben acreditar rentas de trabajo, es decir, contar con un contrato de trabajo. Además, sus ingresos anuales, con carácter general, deben ser inferiores a 3 veces el IPREM. El inmueble tiene que estar declarado en Hacienda. Además, la vivienda tiene que figurar como residencia habitual, certificada mediante el certificado de empadronamiento del solicitante.
El alquiler, en todo caso, no debe superar los 600 euros al mes. En caso de ser alquiler de habitación, este límite de precio es de hasta 300 euros por unidad, un tope que podrá elevarse hasta los 450 euros previo acuerdo de la comisión de seguimiento.
Esta ayuda es compatible con otras destinadas para el mismo objeto a beneficiarios especialmente vulnerables, como las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, el Ingreso Mínimo Vital, o el Programa de ayuda a las personas jóvenes y para contribuir al reto demográfico del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda 2022-2025. En este caso, la suma del Bono y esta ayuda tendrá como límite el 75 por ciento de la renta del alquiler.
TRABAJO CONJUNTO PARA OFRECER SOLUCIONES A LOS CIUDADANOS
Este bono, que busca facilitar la emancipación de los jóvenes, está regulado por el Real Decreto de 18 de enero de 2022. Está financiado por el Gobierno central pero su implantación corresponde a las comunidades autónomas, por lo que Barcones ha destacado “el trabajo conjunto entre administraciones para ofrecer soluciones a la ciudadanía en el ámbito de la vivienda”. “Los ciudadanos necesitan que, frente a sus problemas, haya instituciones delante que aporten alternativas viables y eficaces. Eso es la política y ahí debemos trabajar todos de la mano”, ha invitado.
La delegada ha incidido también en la importancia de la colaboración entre las distintas administraciones territoriales para “aprovechar la oportunidad que suponen los fondos europeos, que contribuyen a asegurar el cumplimiento por parte de nuestro país de los compromisos de impulso de la rehabilitación edificatoria, tanto en el marco de la Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la Edificación en España (ERESEE), como del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030”.
UN MILLAR DE VIVIENDAS DE ALQUILER SOCIAL EN LA COMUNIDAD
En este sentido, ha recordado que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) firmó el pasado mes de diciembre un acuerdo con la Comunidad Autónoma de Castilla y León que va a permitir la promoción de 914 viviendas de protección pública energéticamente eficientes para alquiler social, principalmente para jóvenes. Para el desarrollo de estas actuaciones, Mitma va a aportar 27,2 millones de euros este año de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), que se suman a los entregados ya el año pasado. “Se debe conseguir una oferta suficiente de viviendas en régimen de alquiler a precios asequibles”, ha justificado Barcones.
Este acuerdo, que recoge ayudas para la promoción de viviendas en un total de 13 promociones en 11 municipios de la Comunidad de Castilla y León, que ejecutará directamente la propia comunidad a través de la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (SOMACYL), tiene previsto el desarrollo de viviendas en Ávila (40), Burgos (200), Aranda de Duero (38), León (100), Ponferrada (20), Palencia (50), Segovia (100), Soria (40), Valladolid (259 viviendas en 3 actuaciones), Medina del Campo (27) y Zamora (40). La inversión total estimada en estas promociones es de 81,6 millones de euros.
La aportación de Mitma se financia con el Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes del Plan España Puede. A través de este, se pretende financiar el incremento del parque público de viviendas energéticamente eficientes destinadas al alquiler social o a precio asequible, mediante la promoción de viviendas de nueva construcción sobre terrenos de titularidad pública, que incrementen el parque público de vivienda asequible, durante un período mínimo de 50 años y con un consumo de energía primaria no renovable inferior en un 20% como mínimo a los requisitos exigidos en el Código Técnico de Edificación.
Para este programa, dotado con 1.000 millones de euros, el Mitma ha trasferido ya a la Comunidad Autónoma de Castilla y León más de 27,2 millones de euros, estando prevista una nueva transferencia adicional del mismo importe a principios de este 2023. La ayuda que se aporta es de hasta 700 euros por metro cuadrado de superficie útil de vivienda con un máximo de 50.000 euros por vivienda.
LA VIVIENDA, EN EL CENTRO DE LAS POLITICAS DEL GOBIERNO
A estas ayudas, dirigidas específicamente a los jóvenes, hay que sumar todas las medidas que el Gobierno está articulando en materia de vivienda. “La apuesta del Gobierno de España en este sentido es firme”, ha destacado Barcones, quien ha recordado que “en los próximos cuatro años se va a destinar a vivienda en torno a 10.000 millones de euros con el objetivo de ayudar a la población más vulnerable y a colectivos que tienen más dificultades para el acceso a una vivienda; además de impulsar la rehabilitación en dos vertientes: accesibilidad y eficiencia energética; y la promoción de vivienda social”. Solo en el Plan España Puede se contemplan 4.400 millones de euros para la rehabilitación de viviendas, edificios y barrios.
Además, el Gobierno ha aprobado recientemente una batería de medidas para blindar el derecho a la vivienda que viene a reforzar el escudo social desplegado para proteger a los inquilinos, limitar el alza de los alquileres y restringir los desahucios y lanzamientos en 2023. Forman parte del Real Decreto-ley por el que se adoptan nuevas medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania aprobado el pasado 27 de diciembre en Consejo de Gobierno.
“El Gobierno trabaja para dar una respuesta necesaria para que muchas familias y jóvenes puedan acceder a una vivienda digna y adecuada”, ha aseverado Barcones. Y, en este sentido, ha reivindicado también la importancia del Plan Estatal de Vivienda 2022-205 por ser “un instrumento que atiende las urgencias de los sectores más frágiles y las necesidades de colectivos con grandes dificultades para acceder a viviendas dignas, adecuadas y asequibles”.
