Francisco Guarido, alcalde de Zamora, ha ofrecido está mañana una rueda de prensa para explicar el temea del ARI de Los Bloques. Además, aportó datos, con fechas, de su ejecución, iniciada en el año 2007. Ayuntamiento se ha reunido con los vecinos en varias ocasiones, pero "no solamente ahora, sino que antes, con el PP, hubo muchas reuniones, y ahora, con este equipo de gobierno también, para ver el desarrollo de los trabajos. Dadas las circunstancias que han sucedido, explicaremos, todavía más, a los grupos de la oposición cuál es la situación, por si no se han enterado, de votar no esta certificación de obra, es perjudicar al Ayuntamiento y también a los vecinos, pero lo explicaremos de nuevo, a los representantes de los vecinos, si así el asunto queda solventado".
El alcalde comenzó su comparecencia explicando que "El ARI es una obra del PP, que ejecutó en el 96% de sus unidades de obra, y con este equipo de gobierno, por tanto, solamente el 4%. El PP, de manera legítima, resolvió la adjudicación del contrato a una determinada empresa, que quebró y pasó a otra, fue el responsable de la adjudicación de la obra y de la Dirección Técnica de la Obra, que es la responsable del buen funcionamiento y de todas las certificaciones que se realizan. El ARI ers una obra compleja en su ejecución y, por ello, en el pasado, no recuerdo nunca que grupo alguno de la oposición votara algo en contra de todo el desarrollo".
Y continuó aportando más datos: "La inversión por vivienda ha sido superior a los 16.000 euros, de los que los vecinos han puesto solo el 20%. Y, como consideración, la certificación de la obra la llevaremos al Pleno de octubre, otra vez, con nuevos informes que expliquen la situación, porque se ha logrado un mes más de plazo para justificar esa inversión, que acababa el 15 de octubre y ahora finalizará el 15 del próximo mes de noviembre".
"El informe técnico que se ha elaborado desde la OMD, organismo encargado de justificar todas estas obras, concluye que la certificación de la obra, liquidación, por un valor de 585.000 euros, tiene todos los informes favorables para poder llevarlo a Pleno y votarlo, incluido el de la Intervención. De esa cantidad, dada la reiterada pregunta del PP, unos cien mil corresponden al proyecto inicial y el resto a la liquidación, al exceso de mediciones que se produjo al final de la obra y que, obligatoriamente, hay que pagar. La aprobación de esta liquidación es necesaria para poder ser incluida en la justificación de gastos que hay que hacer ante la Junta, que es la que centraliza todas las justificaciones del ARI, antes del 15 de noviembre". El problema surgiría si no se justifica, porque el Ayuntamiento de Zamora "no podría recuperar el importe del pago adelantado, susceptible de ser financiado por el ejecutivo autonómico, y, en concreto, si no se aprueba en Pleno, perdería, definitivamente, lo que corresponde a la Junta y al Ministerio. Es decir, 315.950 euros. A su vez, según el informe técnico, el Ayuntamiento debería reclamar a los vecinos 95.124 euros, unos 300 euros por vivienda. El resto, hasta los 585.000, corresponde al Ayuntamiento. La empresa, al existir informes a favor de esa certificación, puede reclamar y, sin duda, ganar esa certificación y los intereses de demora correspondientes. Lo justificado hasta el momento, proyecto de seis millones de euros, no está en peligro. La Junta ha dicho que ya está cerrado".
Francisco Guarido explica que según el informe del Servicio de Urbanismo, "la cuestión central, que también planteó el PP en el Pleno, es si debió o no el Ayuntamiento recibir las obras. Esa es la cuestión central para este partido e hicieron un mundo. Sobre ello, el Servicio de Urbanismo dice lo siguiente: la obra se contrató en noviembre de 2012 con un plazo de ejecución de tres años y un periodo de garantía también del mismo tiempo. La obra debería estar finalizada el 20 de noviembre de 2015. Cuando este equipo se hacer cargo del Ayuntamiento, insisto en que se había ejecutado ya el 96% de la obra. La arquitecta municipal ha realizado en los últimos meses, antes de que se pidiera la recepción de la obra, vivienda por vivienda, un repaso de todas las incidencias que podría existir, habiéndose resuelto la mayor parte de ellas".
Guarido subrayó que "el 14 de septiembre, la empresa solicita la recepción de la obra, conforme a lo establecido en el pliego de condiciones, en el contrato y en la propia ley. En noviembre de 2015, era el plazo final para finalizar la obra. La solicitud de la empresa obligó al Ayuntamiento a establecer una fecha para la recepción de las obras y la fijamos el 20 de noviembre, el último día del plazo para la ejecución de las obras. En el acta de recepción, se concluyó, por parte del Ayuntamiento, que no procedía la recepción solicitada debido a un conjunto de incidencias reseñadas por los propietarios, fijando un plazo posterior que se fijó en el 18 de diciembre. Se visitó la obra en repetidas ocasiones y se vieron problemas, de ahí que el Ayuntamiento dijese no a esa recepción".
El 18 de diciembre, el último día fijado por el Ayuntamiento para la recepción, la Dirección de la Obra presentó un documento de 142 páginas en el que concluía que "todas las incidencias y reclamaciones presentadas por los vecinos estaban solventadas, y la Dirección Técnica de la Obra es la que tiene la responsabilidad legal y lo que diga, en principio, hay que hacerlo. Eso obliga al Ayuntamiento a recibirla y a comenzar el plazo de garantía. Y el Servicio de Urbanismo concluye que, una vez certificado por la empresa y por la Dirección Facultativa de la Obra, es preceptivo recibirlas, lo que no osta para que, si se aprecian posteriores incidencias, se puedan subsanar en el plazo de garantía posterior. Se han seguido produciendo más reclamaciones, detalladas en un documento, más de 600, y la inmensa mayoría resueltas y, una mínima parte, no están solventadas. Son incidencias menores, que se arreglarán en el periodo de garantía, sin ninguna duda".
Ascensores
Durante el último Pleno, un vecino planteó el problema de los ascensores. El edil ha señalado que"ha sido una cuestión determinante la de los ascensores para estimar o no la liquidación final, manifestando el equipo de gobierno, como se dijo a los vecinos, que no se pagaría la liquidación hasta la resolución absoluta de los ascensores. Se le dijo también a la empresa y también a la Dirección Técnica. Eso sucedió en el mes de diciembre de 2015. La empresa, en mayo de 2016, que, hasta entonces no había arreglado el asunto de los ascensores, a pesar de que se le requirió en diciembre, presenta la factura de la liquidación de los 585.000 euros para que se le pagara y lo hace por segunda vez. El Ayuntamiento la rechaza y se le dice que hay un problema por resolver, central, estructural, que no era una incidencia de un vecino. Desde mayo, hay varias comunicaciones entre Ayuntamiento, empresa y Dirección de Obra, insistiendo el equipo de gobierno en que tienen que arreglar los ascensores o no se les pagaría. La empresa, consciente de esta situación, presenta un proyecto, el 16 de junio, para resolver el problema de los ascensores, aceptado por la Dirección Técnica, y el 21 de julio de 2016, certifica la correcta ejecución de las propuestas de reparación de los ascensores. Cuestión solventada en los 12 ascensores que habían dado problemas. Se realizó una prueba que fue superada con éxito. Por lo tanto, el Servicio de Urbanismo, una vez que la Dirección Técnica de la Obra dice que todo está arreglado, cuestión central, concluye que ya no tiene motivos para retener la liquidación de esa factura de 585.000 euros. De ahí que se llevará al último Pleno. Aún así la empresa se compromete a que cuando llegue el periodo de lluvias, si hay algún problema añadido, lo resolvería de forma automática".
