CECAP Zamora, la Asociación de Empresas de formación en Zamora, ha manifestado el descontento en el sector de la formación profesional para el empleo “por los cambios realizados por la Consejería de Industria, Comercio e Industria de la Junta de Castilla y León en las bases reguladoras publicadas recientemente”.
Además, han asegurado que “no se tiene en cuenta la experiencia y aportaciones por parte del sector y sin establecer criterios que puedan resultar objetivos, transparentes y medibles para la calidad de la formación en el proceso de adjudicación y ejecución”.
"Si durante los meses más difíciles del 2.020 y 2.021 los centros colaboradores del ECYL invirtieron un gran esfuerzo personal y económico en mantener las aulas abiertas y al alumnado formado porque creían en el futuro del sector y en la necesidad que tiene nuestra región de contar con personas preparadas para el mercado laboral, las políticas que se están evacuando desde la Consejería de Industria, Comercio y Empleo van a conseguir que los/as alumnos/as reciban una peor formación y los cerca de 14.000 empleos que genera este sector se pierdan en la Comunidad Autónoma y sean dirigidos desde otras partes de España", han explicado.
De hecho, han indicado que "si necesitamos que nos arreglen el coche o queremos que nos atienda un/a médic@ ¿a quién acudiríamos? ¿A un taller o una consulta que tiene sus instalaciones abiertas todo el año y donde podemos comprobar si está capacitado para satisfacer nuestras necesidades? ¿O por el contrario confiaremos en alguien que nos firma una declaración jurada prometiendo que cuando lo necesitemos “seguro seguro” que lo tendrá todo montado, pero que por ahora no ha firmado ni el alquiler del local donde “presumiblemente” va a ejecutar su actividad? Pues a la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León les parece que son lo mismo, y tras estudiar todas las normativas semejantes en España podemos asegurar que:
a) Somos la única Comunidad autónoma donde la calidad y la eficiencia en la formación no están presentes en los criterios de valoración de las entidades solicitantes. Y esta evaluación se pude realizar en función de la experiencia previa con la administración adjudicataria o con otras, y cuando ésta no es posible, en el resto de Administraciones al menos se obliga a la entidad solicitante a realizar un proyecto que acredite sus capacidades. Y si aun así todo ello se considera que no es posible, se le concede la media provincial o regional para que compitan con equidad con el resto de entidades. Este requisito es esencial para conseguir que el alumnado tenga acceso a la mejor formación para conseguir un trabajo con el que salir del paro.
b) Somos la única Comunidad autónoma donde los centros solicitantes pueden disponer de una subvención sin que la administración adjudicataria tenga la seguridad de que la entidad beneficiaria dispondrá de instalaciones homologadas en las que el alumnado pueda cursar sus estudios con las condiciones de seguridad e higiene mínimas, y con los medios suficientes para que su formación sea segura y de calidad.
Por parte del ECYL se nos indica que se modifican para cumplir, entre otras, las sentencias las sentencias número 383, de 8 de abril de 2021, y número 197, de 15 de febrero de 2022, del T.S.J. de Castilla y León, donde se anulaban parte del articulado de las Bases Reguladoras anteriores porque la Sala entendía que iban en contra de la Ley 20/2013 de garantía de la unidad de mercado".
También han explicado que no entrarán en la discusión de por qué en su momento no se recurrieron esas sentencias que "eran claramente contrarias a la jurisprudencia tanto regional como del resto de España, ya que las personas que no actuaron en defensa de la Consejería, en nuestra opinión, ya están fuera de la política y de la administración, pero sí queremos expresar que las Bases Reguladoras anteriores han hecho una interpretación poco ambiciosa de las sentencias, ya que lo que esta indicaban era que no se había justificado suficientemente las razones para marcar las condiciones que las entidades solicitantes deben cumplir. Por ejemplo, en la Orden EFP/705/2022, de 20 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la financiación de acciones formativas vinculadas al Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales dirigidas a las personas trabajadoras, y se realiza la convocatoria de ámbito estatal para el año 2022.,publicada el 26 de julio aparecen completamente legales todos los baremos que las sentencias anulaban, simplemente porque se justifican de forma adecuada".
"Sabíamos que estábamos en un momento de cambio en las personas de la administración, y por ello en vez de hacer públicas nuestras quejas por las primeras Bases Reguladoras publicadas, nos pusimos a trabajar para encontrar una interlocución con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo y así tratar de mejorar las convocatorias para que sus beneficiarios, los trabajadores de Castilla y León, con el fin último de conseguir que la población castellano y leonesa tenga la mejor formación posible, y con ello lograr la prosperidad para nuestra tierra. Pero desgraciadamente eso hasta el momento no ha sido posible, y no tenemos más remedio que denunciar unas convocatorias que sólo van a conseguir fracaso al alumnado y ruina a las empresas y sus trabajadores", han apuntillado.
