Csif denuncia la falta de medios y la falta de planificación en la desescalada de la justicia en Zamora

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia la falta de planificación en la desescalada de la Justica en Zamora y escasez de medios de protección.

Además, manifiesta su preocupación por la disparidad de criterios entre el Ministerio de Justicia y las autoridades sanitarias.


El responsable del sector de Justicia de CSIF en Zamora, Juanjo Banciella, asegura que es "incomprensible que no haya existido coordinación entre las autoridades sanitarias y el Ministerio de Justicia". Y es que la orden por la que el Ministerio ha acordado la desescalada, "no entiende de las fases de desconfinamiento sanitario, sino sólo de sus propios criterios, lo cual provocará que en esta semana, 'de facto', estén trabajando cerca del 50% de la plantilla de los juzgados de Zamora, mientras la población debe continuar confinada en sus hogares".

Ayer, martes 12, se dio el pistoletazo de salida para que los funcionarios de la Administración de Justicia iniciasen el plan de desescalada establecido por el ministro Campo. Sin embargo, ese plan de desescalada no va acompañado de las medidas de protección necesarias para los funcionarios de Justicia de Zamora, señala Banciella.

"Las medidas preventivas brillan por su ausencia. Faltan guantes, mascarillas..., y además el suministro es escaso", apunta Pilar Cerdera, presidenta de la Junta de Personal de Justicia en Zamora. "Pese a que el Ministerio ha querido priorizar la adopción de medidas organizativas, para ocultar la falta de medidas de protección para sus trabajadores, estas tampoco se han adoptado", afirma.

Así, "esta crisis ha puesto de manifiesto que el Palacio de Justicia de Zamora no cumple con los requisitos necesarios, para ofrecer un servicio de calidad al ciudadano. Lleno de pasillos estrechos, una distribución laberíntica, compartimentalizado en pequeñas salas... Va a ser muy difícil garantizar distancias de seguridad". Insiste en que "tampoco se han adoptado medidas de sentido común, como intentar establecer circuitos que eviten el contacto, tampoco se han establecido accesos exclusivos de entrada, reservando otros para la salida. O, por ejemplo, tampoco hay contenedores exclusivos para los guantes y mascarillas que se desechan".

Las mamparas de metacrilato son pocas y escasas, y apenas garantizan que se eviten contactos indeseados con el virus, apunta Banciella. "La próxima semana, si no cambia nada, se avanzará a fase dos, con el 70% de la plantilla teniendo que acudir presencialmente, y en muchas oficinas no se podrá garantizar la distancia mínima de seguridad entre trabajadores. Esperemos que lleguen mamparas separadoras, aunque somos pesimistas al respecto", afirma.

El teletrabajo solo ha llegado a 19 funcionarios.

La falta de inversiones y de medios personales lastra la Administración de Justicia, según CSIF. Juanjo Banciella insiste en que "el problema de la Justicia no es coyuntural, sino estructural". Mientras que el teletrabajo llega hasta el 85% en la Agencia Tributaria, en Justicia, en Zamora, sólo ha llegado a 19 funcionarios. "Y eso, pese a que nos consta que el interés de los trabajadores por utilizar ese sistema de trabajo ha sido muy elevado, e incluso algunos han adquirido el equipamiento para hacerlo, porque la Administración de Justicia les obliga a poner sus medios. Los trabajadores de Justicia quieren trabajar, pero la Administración no adopta medidas para que lo puedan hacer con seguridad", dice.

CSIF insiste en que tal y como establece la OMS para evitar contagios, se debe proveer de mascarillas suficientes al personal, y lamenta que la desescalada comience "sin evaluación de riesgo ni protocolos para autopsias, manejo de muestras biológicas, diligencias o salas de vistas". Asimismo, critica que la desescalada en Justicia se haga al margen del plan general del Gobierno y centrada, únicamente, en la reactivación de los plazos procesales, y no en criterios sanitarios y de salud pública, que son los que deberían regir la vuelta a la normalidad en una crisis de salud pública, y en un estado de alarma por emergencia sanitaria.

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