La pérdida de la mayoría parlamentaria de PP y Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León hará viable la comisión de investigación sobre residencias que han pactado todos los grupos políticos de la Cámara.
El PSOE lidera esta comisión, que más que pedir responsabilidades políticas por lo que ocurrió en la primera y la segunda ola, servirá para cuestionar el modelo privado de residencias que se ha establecido en Castilla y León, en palabras de la secretaria de Organización del PSOE, Ana Sánchez.
De hecho, el procurador socialista José Ignacio Martín Benito asegura en rueda de prensa que de los 1.214 centros de carácter residencial que hay en la comunidad, solo 25 están gestionados por la Junta de Castilla y León y, añadió, que la última residencia pública que se construyó fue la de Los Valles de Benavente, durante la última etapa del Gobierno de Felipe González.
La comisión de investigación pretende responder a varias preguntas que, en su momento, "bloquearon" PP y Cs, según Ana Sánchez, y devolver la "dignidad" a los fallecidos y sus familiares. En el caso de Zamora, una de las preguntas obligadas se dirige a la gestión de la Junta en la residencia de El Puente de Sanabria, que informó en septiembre de 2020 de 61 afectados, entre residentes y trabajadores. "¿Por qué se negó la Junta a intervenir el centro?", se pregunta Ana Sánchez.
Los socialistas quieren saber la razón por la que se prohibió el traslado de ancianos a hospitales durante las dos primeras olas del coronavirus, una orden que partió de dos consejerías, la de Sanidad y la de Familia, "tal y como consta por escrito", señala la parlamentaria del PSOE.
Según los socialistas, la falta de personal fue una de las claves del colapso en las residencias, lo que "pone en cuestión el modelo de privatizaciones que impulsa el Gobierno de Mañueco e Igea". Las cifras avalan la denuncia de los grupos parlamentarios: 7.000 plazas están sin ocupar, 1.000 según la Junta.
Ana Sánchez apunta, además, que Castilla y León fue la tercera comunidad con más fallecidos en las primeras olas, por detrás de Madrid y Cataluña. La pandemia ha causado la muerte de 4.061 ancianos internos en centros residenciales, 1.137 en Zamora.
De los fallecidos en la comunidad, 2.956 residentes estaban diagnosticados con COVID, 244 en Zamora, y 1.105, 63 en la provincia, murieron con síntomas compatibles . La mortalidad en las residencias de Castilla y León sumó 14.543 decesos, 1.377 en los centros de Zamora.
El pasado mes de octubre, PP y Ciudadanos bloquearon la petición de una comisión de investigación. Pero, según Ana Sánchez, ahora es "imposible ese bloqueo" gracias a las nuevas mayorías parlamentarias que se lograron "tras la moción de censura del PSOE".
La comisión hará hincapié en la orden de la Junta de Castilla y León de tratar a los ancianos en las residencias sin trasladarlos al hospital. La consejera de Sanidad, Verónica Casado, justificó la decisión asegurando que cuando se hospitaliza a los ancianos "se desorientan".