El interventor del Ayuntamiento de Zamora podría haber "asesorado" y pasado "información sensible" al ex Jefe de Parques y Jardines, Alberto Vega, acusado de un delito de fraude y malversación de caudales públicos.
Así lo refleja el informe de la Policía Nacional sobre la presunta trama del Grupo Raga, que podría haber defraudado casi 1 millón de euros al Consistorio zamorano en el servicio de Parques y Jardines.
Ante tales hechos, el alcalde, Francisco Guarido, ha anunciado en rueda de prensa la presentación de una denuncia el pasado viernes ante el Juzgado por si la actuación del interventor municipal pudiera ser constitutiva de delito.
La denuncia se ha hecho extensiva a la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León al entender que el funcionario podría haber cometido una falta grave.
La demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Zamora contra el interventor se fundamenta en el informe de la Policía Nacional, que advierte de que el interventor accedía y descargaba comprimidos "expedientes sensibles" sobre la presunta trama del Grupo Raga, adjudicataria del contrato de Parques y Jardines, y el ex jefe del servicio.
Los agentes ponen de relieve en sendos informes del 23 de agosto y 28 de septiembre que la persona que debía ejercer el "control financiero" del Ayuntamiento es la misma que pasa información a los investigados, siete en total, para los que el Consistorio pide una fianza de cas 1 millón de euros, la cantidad que se estima podrían haber defraudado a las arcas municipales desde 2014.
Según el alcalde, existen indicios de que el funcionario pasó "información sensible" a Alberto Vega, lo que le habría dado "ventaja" en su estrategia de defensa, ya que el ex jefe de Parques y Jardines conocía todos los detalles de la investigación antes de ser remitida al Juzgado.
Otro de los hechos en los que el Consistorio fundamenta su denuncia se remonta al 21 de octubre de 2020, fecha en la que la viceinterventora denuncia al interventor por "obstrucción constante y continuada" para "desactivar" una denuncia contra Alberto Vega por uso de combustible para uso privado. La cantidad defraudada, según los técnicos municipales, supera los 20.000 euros, pero el informe fue cerrado por el interventor al entender que el delito "no era imputable a personas concretas".
Además, trabajadores del Grupo Raga declararon ante la Policía Nacional que era conocido por todos que Vega y el interventor retrasaban la nueva licitación del servicio a otra empresa, lo que vendría a confirmar su estrecha relación para, presuntamente, perjudicar al Ayuntamiento.
Explica Francisco Guarido que cuando una auditoría municipal detectó el acceso a expedientes reservados, se dio la baja electrónica al interventor municipal que, según el alcalde, aún no ha dado explicaciones de la razón por la que descargó esos expedientes mientras estaba de baja.
Guarido ha remitido la denuncia a la Junta como institución encargada de dilucidar si el empleado público ha cometido falta grave, aunque la Administración autonómica ya cerró sin sanción otra denuncia contra el interventor al entender que no se podía demostrar la autoría de una carta contra el Equipo de Gobierno que él mismo remitió a los medios de comunicación. "Algún día alguien tendrá que dar explicaciones", zanjó el regidor municipal.
