Una reciente encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 2.061 personas de entre 18 y 79 años revela una alarmante situación en relación con la salud mental en España. El estudio indica que el 61% de los encuestados ha experimentado algún tipo de malestar psicoemocional en los últimos tres años. Los problemas más comunes incluyen el estrés, los problemas de sueño, la ansiedad y la depresión, así como, en menor proporción, ataques de pánico, adicciones y trastornos alimentarios.
A pesar de la alta incidencia de estos problemas, poco más de la mitad de quienes sufrieron malestar psicoemocional buscó tratamiento o ayuda profesional. Entre quienes recibieron asistencia, la más común fue la farmacológica (68%), seguida de la psicológica (58%). Sin embargo, las largas listas de espera en el sistema de salud pública dificultan el acceso a tratamiento. Según un informe del Defensor del Pueblo de 2020, la espera para una primera consulta con un especialista en psicología clínica oscila entre uno y tres meses, mientras que para las segundas consultas, el tiempo de espera es de un mes y medio. Esta situación empuja a muchos a recurrir a servicios privados, cuyo costo puede superar los 200 euros mensuales, un gasto considerable para un hogar medio.
La falta de atención especializada no solo afecta a quienes sufren problemas de salud mental, sino que también provoca una sobrecarga en los servicios de atención primaria. Esto ha llevado a un aumento en la sobremedicación y a la cronificación de los problemas. España destaca en el consumo de psicofármacos, liderando los ránquines mundiales en el uso de benzodiacepinas (99 dosis diarias por cada 1.000 habitantes) y hipnóticos y sedantes (32 dosis diarias por cada 1.000 habitantes). Este exceso podría evitarse en gran parte mediante la terapia psicológica, especialmente en casos de ansiedad, depresión, insomnio o estrés leves a moderados, como indican las guías de práctica clínica.
Desde la OCU, se ha señalado que invertir en salud mental y aumentar los recursos disponibles podría reducir significativamente el coste económico y social de estos problemas. La carga de la discapacidad y la incapacidad laboral asociadas a una mala salud mental, así como la pérdida de años de vida debido a factores de riesgo conductuales (consumo de sustancias, sedentarismo, mala alimentación), representan un coste estimado del 4,2% del PIB de España, según la OCDE.
Para abordar efectivamente los desafíos actuales en la atención a la salud mental, la OCU considera urgente incrementar el número de especialistas en este ámbito en la sanidad pública. Actualmente, España cuenta con apenas 6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, frente a la media de 18 en la Unión Europea. En cuanto a los psiquiatras, hay solo 9 por cada 100.000 habitantes, en comparación con los 19 de la UE.
Finalmente, la OCU recuerda que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo como la ausencia de afecciones o enfermedades. De este modo, la salud mental se considera un derecho fundamental de todas las personas.
