La Policía Nacional ha detenido a un empresario agrario en Valladolid por explotar a cinco migrantes en situación irregular. El arresto se enmarca en la operación Baco, que surgió tras investigaciones conjuntas de la Policía y la Inspección de Trabajo. Los trabajadores se encontraban en condiciones laborales precarias, sometidos a largas jornadas sin descanso.
Los migrantes trabajaban más de diez horas al día sin la posibilidad de ausentarse por enfermedad. Aunque recibían aproximadamente siete euros por hora, se les descontaban sumas significativas por transporte y alojamiento. El empresario cobraba 200 euros mensuales por alojarlos en condiciones deplorables, con hacinamiento y falta de servicios básicos.
Los afectados aceptaban estas condiciones por la promesa de un contrato que nunca se concretó, manteniéndolos en una situación de vulnerabilidad económica y legal. La Subdelegación del Gobierno de Castilla y León ha señalado que estas prácticas son comunes en el sector agrario, donde los trabajadores se ven obligados a aceptar condiciones abusivas.
El empresario se beneficiaba de esta relación laboral ilícita, evadiendo la cotización a la Seguridad Social y acumulando ganancias a expensas de sus empleados. Muchos de ellos llevaban meses sin recibir el salario prometido, reflejando la gravedad de la explotación laboral en esta situación.
