La Junta de Castilla y León ha aprobado, en Consejo de Gobierno, una inversión de 400.000 euros destinada a la restauración ambiental y reparación de infraestructuras dañadas por el incendio forestal de Porto (Zamora). Las actuaciones, que se ejecutarán con carácter de emergencia a través de la empresa pública TRAGSA, forman parte de un plan autonómico de recuperación que alcanza los 700.000 euros en total e incluye también zonas de las provincias de León afectadas por los incendios de Barniedo de la Reina, Porto–La Baña y Yeres.
En el caso de Zamora, las labores de recuperación se centrarán en la restauración de los ecosistemas y la biodiversidad dañada por el fuego en Porto, con un presupuesto de 300.000 euros. Los trabajos incluirán tratamientos selvícolas de mejora en masas ribereñas, construcción de presas sumergidas y diques para reducir la velocidad del agua y evitar la erosión, así como la retirada de arrastres y vegetación muerta.
También se acometerán actuaciones de restauración de hábitats fontinales y lacustres, el control de especies invasoras, la rehabilitación de paredes de piedra tradicionales, la limpieza de abrevaderos y desbroces para favorecer la regeneración de la flora autóctona. Además, se establecerán medidas de control del sobrepastoreo y un sistema de evaluación y seguimiento para medir la efectividad de las intervenciones.
A esta actuación se suma otra partida de 100.000 euros destinada a reparar infraestructuras de uso público afectadas por el incendio en Porto. Entre los trabajos previstos figuran la retirada de señalización dañada, el desmontaje de pasarelas y elementos deteriorados, el desescombro de refugios de montaña y la instalación de nueva cartelería y sistemas de seguridad en miradores y senderos, como el mirador de Anduriñas, el cañón de Forcadura o la Laguna de Peces.
Con estas actuaciones, la Junta de Castilla y León busca recuperar la funcionalidad ambiental y turística del entorno natural de Porto, uno de los espacios más afectados por los incendios del pasado verano, y garantizar la seguridad y el uso público de las zonas dañadas.
