El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado un nuevo Decreto que facilita y agiliza el procedimiento para formalizar las instrucciones previas o testamento vital. La medida, que reemplaza la normativa vigente desde 2007, tiene como objetivo mejorar el acceso de los ciudadanos, especialmente en las zonas rurales, a la formalización de sus deseos sobre los cuidados médicos y el destino de sus órganos en caso de incapacidad para expresarlos por sí mismos.
El testamento vital es una declaración escrita que permite a cualquier persona mayor de edad, capaz y libre, especificar las decisiones que desea que se tomen respecto a su tratamiento médico o el destino de sus órganos una vez fallezca. A través de este nuevo Decreto, se pretende hacer más accesible este proceso, que desde 2008 ha visto un total de 23.243 documentos inscritos en la comunidad, con 1.130 registrados en la provincia de Zamora.
Una de las principales novedades es la creación de unidades más cercanas a los ciudadanos, como la incorporación de formalizadores del testamento vital en los centros de salud, lo que permitirá un acceso más directo, especialmente en el medio rural, donde alrededor del 30% de las solicitudes se originan. Además, el Decreto regula la tramitación electrónica en todos los casos en los que el testamento vital se formalice ante tres testigos, lo que facilita su gestión y acceso por parte de los profesionales sanitarios.
Otra de las incorporaciones importantes es la posibilidad de que los profesionales de enfermería puedan consultar el registro de instrucciones previas, algo que hasta ahora solo podían hacer los médicos. Con esta medida, se reconoce el papel fundamental de los enfermeros en el proceso asistencial y en el cumplimiento de las instrucciones dadas por los pacientes.
El Decreto también regula la integración automática de las instrucciones previas en la historia clínica electrónica, garantizando que se respeten los deseos de los pacientes. Además, se establece la participación de los comités de ética asistencial para la resolución de posibles conflictos y la colaboración de los colegios profesionales en el acceso al registro.
Este nuevo Decreto se enmarca dentro de la Ley de Derechos y Deberes de las personas en relación con la salud, y establece que las instrucciones previas deberán formalizarse ante notario, ante personal designado por la Consejería de Sanidad o ante tres testigos mayores de edad, dos de los cuales no podrán tener relación de parentesco ni vínculos laborales con el otorgante.
