Vivir en un pueblo no puede significar renunciar a la dignidad, a la tranquilidad ni al derecho más elemental de abrir las ventanas de casa. Tampoco debería obligar a elegir entre la actividad ganadera, imprescindible para la supervivencia del medio rural, y el descanso de quienes llevan toda una vida sosteniendo esos mismos pueblos.
Esta es la situación que denuncia una mujer de 80 años, vecina de Viñuela de Sayago, donde ha residido desde que nació. Ocho décadas vinculada a su localidad y a una forma de vida que conoce perfectamente. No cuestiona la ganadería ni desconoce la realidad del campo. Lo que reclama es algo mucho más sencillo: poder vivir en su propia casa sin soportar de manera permanente olores, suciedad, moscas y la posible presencia de roedores.
Según su relato, desde hace aproximadamente dos meses una instalación próxima a su vivienda, que anteriormente funcionaba como cargadero, habría pasado a utilizarse como cebadero de terneros. Desde entonces, asegura que las molestias han convertido su día a día en una situación difícilmente soportable.
La vecina afirma que no puede abrir las ventanas con normalidad por los olores y la acumulación de insectos. También denuncia la aparición de ratas y un deterioro evidente de las condiciones de salubridad alrededor de su vivienda.
No pide que desaparezca la ganadería. Pide que se cumplan las normas.
Una denuncia ante el Seprona sin una solución visible
La afectada explica que ya ha presentado una denuncia ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, el Seprona, y que también ha trasladado su preocupación a profesionales veterinarios y al responsable de la explotación.
Sin embargo, sostiene que, transcurridos dos meses, la situación continúa sin resolverse.
La mujer se siente indefensa. A sus 80 años considera que ha agotado las vías que tenía a su alcance: hablar, pedir una solución y denunciar los hechos ante los organismos competentes. Pese a ello, asegura que continúa viviendo con las ventanas cerradas y pendiente de una explotación ganadera que se encuentra demasiado cerca de su casa.
Conviene dejar claro que la existencia de una denuncia no supone por sí misma que se haya acreditado una infracción. Corresponde a las administraciones y a los organismos competentes inspeccionar la instalación, comprobar las condiciones en las que funciona y determinar si cumple las exigencias sanitarias, ambientales y urbanísticas correspondientes.
Pero precisamente por eso resulta necesario que la respuesta llegue.
Dos meses pueden parecer poco tiempo en un expediente administrativo. Para una persona mayor que no puede ventilar su vivienda, dos meses pueden convertirse en una eternidad.
Ganadería sí, pero no de cualquier manera
Los pueblos de Zamora necesitan explotaciones ganaderas, agricultores, autónomos y pequeñas empresas. Sin actividad económica, el medio rural se vacía. Sin ganadería, una parte importante de Sayago perdería empleo, identidad y futuro.
Pero defender la ganadería no significa aceptar cualquier instalación, en cualquier lugar y bajo cualquier condición.
Las explotaciones deben respetar las distancias, las autorizaciones, la gestión de residuos, el bienestar animal y, por supuesto, la convivencia con los vecinos. El desarrollo económico de un pueblo nunca debería construirse sobre el perjuicio permanente a quienes viven al lado.
La protagonista de esta historia entiende que reside en una localidad rural. Sabe que hay animales, tractores, estiércol, ruido y trabajos agrícolas. Forma parte de la vida de los pueblos y nadie debería pretender convertir el campo en una urbanización sin actividad.
Pero una cosa es asumir las molestias ordinarias de la vida rural y otra muy distinta sufrir una explotación intensiva o un cebadero a escasos metros de una vivienda, sin poder abrir las ventanas y con problemas continuos de insectos, olores o salubridad.
La convivencia exige límites.
El responsable de la explotación y su condición de alcalde pedáneo
La vecina señala que el propietario o responsable de la explotación sería además el alcalde de la entidad local de Alfaraz de Sayago. Según su versión, ha intentado hablar con él, pero considera que no ha atendido suficientemente sus quejas ni ha ofrecido una solución efectiva.
Esta circunstancia añade una dimensión especialmente delicada al conflicto.
Quien ocupa un cargo público debe extremar la transparencia y evitar cualquier apariencia de privilegio o trato desigual. Eso no significa que un alcalde no pueda desarrollar una actividad ganadera o empresarial. Puede hacerlo, naturalmente, siempre que cumpla las mismas normas que cualquier otro ciudadano.
Pero cuando existe una denuncia vecinal y el responsable de la actividad desempeña además una función institucional, la administración debe actuar con especial claridad. No solo para proteger a la afectada, sino también para garantizar los derechos del denunciado y despejar cualquier duda sobre posibles incompatibilidades, favoritismos o falta de control.
En estas situaciones, el silencio perjudica a todos.
Los mayores no pueden ser los últimos de la fila
La despoblación no se combate únicamente con campañas, subvenciones o fotografías institucionales. Se combate garantizando que quienes viven en los pueblos tengan los mismos derechos que quienes residen en una ciudad.
Derecho a una vivienda salubre.
Derecho a ser escuchados.
Derecho a que una denuncia sea investigada.
Derecho a recibir una respuesta clara.
Y derecho a no sentirse abandonados por la administración.
Una mujer de 80 años no debería tener que emprender una batalla burocrática para poder abrir la ventana de la casa en la que ha vivido toda su vida. Tampoco debería verse obligada a acudir una y otra vez a distintos organismos mientras el problema continúa junto a su puerta.
Los pueblos necesitan jóvenes, pero también deben cuidar a quienes han permanecido en ellos cuando casi todos los demás se marchaban. Personas mayores que mantuvieron abiertas las casas, las calles y la memoria colectiva durante décadas.
No se puede hablar de reto demográfico y después dejar solos a quienes aún resisten.
Una inspección y una respuesta, no promesas
La solución no debería ser especialmente compleja.
La administración competente debe inspeccionar la explotación, revisar sus licencias y autorizaciones, comprobar la distancia respecto a las viviendas, evaluar la gestión de los residuos y determinar si existen riesgos sanitarios o molestias incompatibles con la normativa.
Después, debe comunicar sus conclusiones.
Si la actividad cumple las normas, habrá que explicar por qué y buscar medidas que reduzcan las molestias. Si no las cumple, deberán adoptarse las medidas correctoras correspondientes. Lo que no parece razonable es permitir que el conflicto se prolongue indefinidamente mientras una vecina permanece encerrada en su propia casa.
La defensa del mundo rural exige equilibrio. Ni criminalizar al ganadero ni abandonar al vecino.
Ganadería, sí. Actividad económica, también. Pero con legalidad, respeto y convivencia.
Viñuela de Sayago pide algo tan sencillo como poder respirar
La historia de esta vecina de Viñuela no es únicamente una disputa entre particulares. Es un ejemplo de las dificultades que padecen muchos habitantes del medio rural cuando se enfrentan a actividades molestas, a procedimientos administrativos lentos o a instituciones demasiado lejanas.
La mujer lleva 80 años viviendo en su pueblo. Ha conocido inviernos duros, veranos secos, falta de servicios y despoblación. Lo que no acepta es que ahora se le diga, de manera directa o indirecta, que vivir en un pueblo implica soportarlo todo.
No es así.
Vivir en un pueblo significa compartir, respetar y convivir. Significa aceptar la actividad agraria y ganadera, pero también proteger la salud y la intimidad de los vecinos.
Tras dos meses de denuncia, Viñuela de Sayago no necesita más silencio. Necesita una inspección rigurosa, una respuesta pública y una solución que permita a esta mujer volver a hacer algo tan cotidiano como abrir las ventanas de su propia casa.
Zamora News deja abierta la posibilidad de incorporar la versión del responsable de la explotación y de las administraciones competentes, con el objetivo de completar la información y ofrecer todas las partes de este conflicto
