Zamora afronta uno de los procesos de envejecimiento más acusados de Castilla y León. La provincia supera ya las 20.600 personas mayores de 80 años, el tramo de edad en el que la necesidad de atención residencial se incrementa de forma significativa. En este escenario, la red de recursos disponibles vuelve a situarse en el centro del debate cuando está a punto de cumplirse un año de la entrada en vigor de la Ley 3/2024, que regula el Modelo de Atención en los Centros Residenciales y Centros de Día de Servicios Sociales para cuidados de larga duración en la comunidad.
En total, Zamora cuenta con 4.366 plazas residenciales, de las cuales solo 959 son públicas o concertadas, lo que supone apenas un 21 % del total. El resto corresponde a centros privados, un reparto que condiciona el acceso a estos recursos y eleva el esfuerzo económico de las familias, especialmente en una provincia con pensiones medias inferiores a la media nacional.
Ante esta realidad, la Plataforma Social de Castilla y León, a través de su portavoz en Castilla y León, Jorge Félix Alonso, advierte de que el sistema actual “descansa de forma mayoritaria en la iniciativa privada”, una circunstancia que, a su juicio, debería analizarse teniendo en cuenta el envejecimiento progresivo de la población y la capacidad real de las ayudas públicas para garantizar un acceso equitativo a la atención residencial.
Jorge Félix Alonso vuelve a poner el foco en lo que define como una política de atención residencial claramente insuficiente por parte del Ejecutivo autonómico. Según explica, las ayudas que concede la Junta para acceder a plazas en residencias privadas son prácticamente testimoniales y no se ajustan al coste real del servicio. De media, estas aportaciones rondan los 200 euros mensuales, una cantidad que apenas cubre en torno al 10 % del precio de una plaza residencial, cuyo coste se sitúa alrededor de los 2.000 euros al mes.
A su juicio, esta política de “bajo coste” ha acabado por configurar un modelo que convierte a Castilla y León en un gran mercado para las empresas del sector, con cerca de 50.000 plazas privadas en funcionamiento. Un volumen que contrasta —denuncia— con la realidad de muchas personas dependientes que necesitan atención continuada, pero que no pueden acceder a estos centros por la falta de recursos económicos suficientes.
Para la plataforma, esta brecha genera serias dificultades de acceso, especialmente entre las personas con menores ingresos. “La ayuda existe, pero su impacto en la economía de las familias es muy reducido”, explica Jorge Félix Alonso, quien insiste en que el sistema termina dependiendo, en gran medida, de la capacidad económica de cada hogar, más que de un verdadero derecho garantizado por los servicios públicos.
El refuerzo de personal, eje de la nueva Ley de Residencias
Uno de los pilares de la Ley 3/2024, conocida como Ley de Residencias, es la regulación del personal en los centros residenciales. La norma distingue entre personal de atención directa —cuidadores, auxiliares—; profesionales técnicos y profesionales de servicios generales, encargado de las tareas de soporte.
La ley autonómica se aprueba en un contexto marcado por el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en vigor desde junio de 2022, que establece un incremento progresivo del personal en residencias de mayores hasta 2029. Sin embargo, la Ley de Residencias de Castilla y León se aprobó sin concretar las ratios de personal, ni de atención directa ni técnica, aunque incluye el compromiso de fijarlas en enero de 2025.
Sin embargo, desde la plataforma recuerdan que la concreción de estas ratios no se ha producido tras más de un año de espera y advierten de que su aplicación y supervisión serán determinantes. “El personal es un elemento central para la calidad de la atención; sin plantillas suficientes y estables, el modelo no funciona”, subrayan.
Un modelo en revisión en una provincia envejecida
La situación de Zamora refleja un debate más amplio sobre el modelo de cuidados de larga duración en territorios envejecidos y con pérdida de población. La Ley 3/2024 establece un marco normativo orientado a mejorar la calidad de la atención y reforzar el papel del personal, pero su impacto real dependerá —según Alonso— de la financiación, el control público y el seguimiento efectivo de las ratios.
Mientras tanto, la realidad provincial dibuja una red residencial con claro predominio de centros privados, ayudas públicas de alcance limitado y una población cada vez más envejecida. Un escenario que obliga a revisar de forma continuada si los recursos disponibles responden realmente a las necesidades de las personas mayores y dependientes en Zamora.
