La asociación “La Culebra no se calla” ha alzado la voz para denunciar los drásticos recortes en la vigilancia forestal anunciados por la Junta de Castilla y León. En Zamora, de las 18 torretas actuales, se eliminarán 8, lo que dejará a la provincia con tan solo 10 torretas y reducirá el número de vigilantes forestales de 42 a 20. A nivel Castilla y León, el impacto es aún mayor: de 166 torretas y 384 vigilantes, quedarán únicamente 99 torretas y 198 vigilantes.
La decisión de reemplazar torretas y personales por cámaras de videovigilancia ha generado preocupación entre colectivos sociales y expertos. Según “La Culebra no se calla”, aunque la tecnología puede ser una herramienta complementaria, no sustituye la experiencia y conocimiento que aportan los vigilantes forestales. La asociación denuncia varios riesgos de este cambio:
Pérdida del factor humano: Los vigilantes forestales son esenciales para identificar incendios con precisión y actuar de manera inmediata, algo que las cámaras no pueden garantizar.
Dependencia tecnológica: Problemas técnicos, sabotajes o condiciones adversas como niebla o humo denso podrían dejar grandes áreas sin vigilancia efectiva.
Impacto en el empleo rural: La reducción de puestos de trabajo afectará gravemente a las comunidades rurales, donde los vigilantes forestales son una fuente importante de empleo.
Falsas alarmas: Las cámaras podrían generar confusiones al no distinguir entre incendios reales y otros fenómenos como el humo de maquinaria agrícola, provocando movilizaciones innecesarias y un uso ineficiente de los recursos.
“La Culebra no se calla” exige a la Junta de Castilla y León la implementación de un sistema híbrido que combine tecnología avanzada con la presencia de vigilantes forestales. Este enfoque garantizaría una vigilancia más efectiva, preservaría los empleos rurales y fortalecería la protección del patrimonio natural de la provincia.
La asociación insiste en que esta medida no solo impactará la conservación del medio ambiente, sino también el tejido social y económico de las zonas rurales. Hacen un llamado a la ciudadanía ya las instituciones para que actúen con urgencia y eviten que estos recortes comprometan la seguridad y sostenibilidad de los montes de Castilla y León.
