El grupo político Ahora Decide ha solicitado a la Dirección Provincial de Educación de Zamora que todas las rutas de transporte escolar de la provincia se sometan a concurso público abierto, poniendo fin, según denuncian, a la práctica habitual de adjudicarlas como contratos menores.
La formación sostiene que el actual modelo de gestión no garantiza suficientemente los principios de transparencia, libre concurrencia e igualdad de trato, recogidos en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que regula los procedimientos de contratación de las administraciones.
En su argumentación, Ahora Decide recuerda que la normativa prohíbe el fraccionamiento de contratos con el objetivo de eludir los procedimientos de adjudicación ordinarios, y señala que los contratos menores están pensados exclusivamente para servicios de cuantía reducida, inferiores a 15.000 euros en el caso de servicios.
Según el análisis realizado por la formación sobre adjudicaciones recientes en la provincia, la mayoría de las rutas de transporte escolar examinadas habrían sido asignadas a un número reducido de empresas, concentrando buena parte de los contratos en tres operadores principales.
Además, denuncian la existencia de importes que se repiten de forma casi idéntica, próximos siempre al límite legal de los contratos menores, una circunstancia que, a su juicio, resulta llamativa y no siempre guarda relación directa con el kilometraje o las características de cada ruta.
En su estudio, también apuntan que una parte significativa de las rutas analizadas se sitúa muy cerca del umbral máximo permitido, quedando en algunos casos a escasos euros del límite de 15.000 euros establecido por la ley.
Con estos datos, Ahora Decide considera necesario replantear el sistema de adjudicación del transporte escolar en la provincia de Zamora, defendiendo que la unificación de rutas podría mejorar la eficiencia del servicio y garantizar una mayor competencia entre empresas.
La formación insiste en que solo deberían tramitarse como contratos menores aquellas rutas que presenten circunstancias excepcionales debidamente justificadas, mientras que el resto debería salir a licitación pública.
