El pleno, celebrado el día 6 de marzo de 2020, puso de manifiesto "la falta de interés y la pereza del actual equipo de gobierno al frente del Ayuntamiento", señalan desde el Grupo Popular.
Aseguran que "los defectos en los pliegos eran evidentes, por ejemplo, contenían hasta cuatro precios de salida diferentes, lo que hizo imposible comprender cuál era el precio correcto".
La oposición exigió en varias ocasiones la derogación y redacción de una nueva ordenanza municipal que diese cobertura jurídica a los precios que se le cobran a los usuarios y la inseguridad jurídica que provocaba mantener en vigor una ordenanza obsoleta del año 1999.
Ahora, el Defensor del Pueblo, ha trasladado a la oposición municipal la intención de reiterar de nuevo “una nueva solicitud de información comprensiva del estado de tramitación de la Ordenanza Reguladora del Servicio de Camping Municipal” ya que desde la alcaldía se manifestaba en el año 2021 que "el alto volumen de trabajo que soporta el consistorio y los escasos recursos humanos no había permitido tramitar los correspondientes expedientes administrativos".
