Zamora enfrenta una batalla crucial para preservar la operatividad de sus cuarteles de la Guardia Civil, en medio de un controvertido cambio en su funcionamiento. Ángel Blanco, subdelegado del Gobierno en Zamora, ha asegurado que no se trata de un cierre definitivo, sino de una reestructuración que busca optimizar los recursos humanos disponibles. Sin embargo, muchos temen que esta decisión sea un preludio al cierre permanente de estas instalaciones esenciales para el mundo rural zamorano.
Según Blanco, los agentes que hasta ahora trabajaban en las oficinas de 20 de los 24 cuarteles de la provincia serán reasignados a tareas de patrullaje por las comarcas. Esta nueva estrategia implicará que estos cuarteles se abrirán solo de manera puntual, mientras que las instalaciones en Zamora, Benavente, Toro y Puebla de Sanabria mantendrán su horario habitual. Algo que ocurre igualmente con la Policía Nacional que ya no admite denuncias las 24 horas del día salvo las muy graves. Servicios que pierden las poblaciones con núcleos pequeños de población.
Para muchos residentes y autoridades locales, esta medida implica una disminución en la calidad del servicio y en la cercanía con los ciudadanos. "No vale con montar a cuatro agentes en una furgoneta y que se dediquen a ir por la provincia en plan cajero móvil", es el sentimiento generalizado que pocos se atreven a expresar públicamente.
Temor al cierre definitivo
La preocupación principal es que esta reestructuración sea el primer paso hacia el cierre definitivo de los cuarteles de la Guardia Civil, lo que significaría la pérdida de un servicio fundamental en un mundo rural ya deprimido. Aunque Blanco ha subrayado que se trata de un programa piloto cuya eficacia será evaluada, muchos ven esta decisión como un reflejo de la falta de personal y recursos. Así actuó la JCYL con la sanidad y la educación y así sigue siendo, la falta de servicios y la menor eficacia de los mismos se acentúa según disminuye la población.
Las carencias ya son evidentes en localidades como Toro y su comarca, donde la presencia de la Guardia Civil es esencial para la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. La Guardia Civil es vista como un servicio de cercanía, indispensable para el funcionamiento diario de los pueblos, donde saber que están presentes cambia por completo la dinámica de la comunidad.
La reacción de la comunidad no se ha hecho esperar. Los alcaldes de la provincia, junto con la Diputación, han recogido firmas de 209 ayuntamientos (de los 247 existentes), además de 9 firmas de entidades menores (de 14) y las 16 Mancomunidades existentes, solicitando al Gobierno que reconsidere esta decisión.
“Le ruego al subdelegado del Gobierno que escuche a los alcaldes de la provincia, que son los representantes de los ciudadanos, y actúe en consecuencia, porque este tipo de errores con el tiempo se pagan y esta decisión es un cierre de facto de estos cuarteles”, declaraba el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, durante la entrega de las firmas en la Subdelegación del Gobierno.
Un clamor popular
Este clamor popular refleja el profundo temor de que la despoblación continúe siendo una realidad ineludible en Zamora, una provincia que ya enfrenta serios desafíos demográficos. Los ciudadanos exigen que sus impuestos se traduzcan en servicios efectivos y que la presencia de la Guardia Civil no se vea reducida a una mera formalidad.
La Zamora desprotegida y vacía no puede permitirse perder más servicios esenciales. La comunidad local está dispuesta a luchar para evitar que las decisiones políticas, percibidas como inservibles, condenen a la provincia a una mayor desprotección. La esperanza es que, a través de la unión y la protesta, se logre mantener abiertos estos cuarteles, garantizando así la seguridad y el bienestar de todos los zamoranos.
