La Alianza UPA-COAG levanta la voz para exigir a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León que se ocupen todos los puestos de trabajo en las actuales Unidades de Desarrollo Agrario (UDAs) de la provincia de Zamora. La organización enfatiza la necesidad crítica de ofrecer servicios cercanos al medio rural.
La organización identifica una problemática particular en las oficinas de las UDAs de Bermillo de Sayago, Puebla de Sanabria, Tábara y Santibañez de Vidriales, señalando también plazas sin cubrir en las UDAs de Villalpando y Alcañices. La urgencia de cubrir todos los puestos se intensifica en fechas como las actuales, cuando inicia la campaña de presentación de solicitudes de la PAC para la campaña 2023/2024, aumentando la consulta y entrega documental en respuesta a requerimientos.
La organización sostiene que el mundo rural, y en especial el sector agrario, sufre el impacto negativo de políticas restrictivas y de recortes que amenazan el presente y futuro del sector, así como la calidad de vida en los pueblos.
La situación crítica se refleja en al menos 6 de las 11 UDAs existentes en la provincia, donde puestos de trabajo permanecen sin cubrir. El actual mapa de centros de la Administración Regional en la provincia, destinados al sector agrario, muestra una especial problemática en varias UDAs.
La Alianza UPA-COAG insta a la Administración Regional a proporcionar suficientes medios humanos y materiales para que pueda ofrecer servicios de calidad y proximidad a los agricultores y ganaderos. Aunque reconocen la posibilidad de situaciones puntuales, como bajas médicas o necesidades de la Sección Agraria Comarcal (SAC), consideran inaceptable que estas situaciones se conviertan en estructurales.
Este problema se suma a otros desafíos recientes en el medio rural relacionados con la sanidad, educación e infraestructuras, según denuncia la Alianza UPA-COAG. Estos desafíos fundamentales están convirtiendo la vida en los pueblos en algo cada vez más inviable, relegando a los residentes rurales a una condición de ciudadanos de tercera categoría.
