Con sede en Zamora capital, la institución ha superado los 12.000 dictámenes en su registro histórico
El Consejo Consultivo de Castilla y León, con sede en Zamora, concluyó 2013, en su décimo ejercicio completo, con la aprobación de un total de 882 dictámenes, todos ellos derivados de consultas de carácter preceptivo, a excepción de una de carácter facultativo. De esta cifra, 61 expedientes corresponden a la provincia de Zamora, lo que supone el 6,92% de los dictámenes. Con estos 882 dictámenes ya se han superado los 12.000 en el registro histórico de actividad.
En resumen, la institución propia de la Comunidad de Castilla y León aprobó 55 dictámenes sobre consultas del año 2012, y 827 de 2013, una cifra similar a la del ejercicio de 2012, a la que además se añaden, en un ámbito distinto al de este órgano, las cerca de 80 resoluciones despachadas el año pasado por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad, adscrito por la Ley 1/2012 al Consejo Consultivo, estando ambos órganos presididos por Mario Amilivia.
El Órgano Consultivo despachó 14 asuntos en Pleno (13 anteproyectos de Ley y 1 proyecto de legislación delegada); 520 en la Sección Primera y 348 en la Segunda.
Los 882 dictámenes emitidos en 2013 suponen el 7,35 por ciento de todas las consultas dictaminadas desde el inicio de la función consultiva –noviembre de 2003- hasta la actualidad, que ascienden a 12.003. Los dictámenes de responsabilidad patrimonial, los derivados de consultas en las que se reclama una indemnización a la Administración, aglutinaron nuevamente el grupo más numeroso con 742. El segundo grupo por cantidad de dictámenes emitidos es el de revisión de oficio de los actos administrativos, con 45; y el tercero, con 44, corresponde a los dictámenes de carácter jurídico normativo -30 sobre proyectos de decreto, 13 sobre anteproyectos de ley y uno sobre legislación delegada-, aquellos con los que se coadyuva a mejorar jurídica y técnicamente los textos normativos de Castilla y León. Entre los anteproyectos de ley dictaminados en 2013, se encuentra el de modificación del funcionamiento y organización de las instituciones propias de la Comunidad (Dictamen 67/2013).
El Consejo Consultivo de Castilla y León sigue siendo proporcionalmente a su composición el de mayor carga de trabajo por el número de dictámenes emitidos, y el único que ha asumido nuevas competencias en un contexto que hace necesaria la puesta en marcha de nuevas medidas de racionalización del gasto público. Cabe resaltar, además, que está integrado por tres consejeros electivos –incluido el Presidente- y uno nato.
En cuanto al sentido de los dictámenes, 521 fueron desestimatorios; 125 estimatorios y 91 estimatorios parciales, correspondiendo el resto de los mismos a asuntos sobre observaciones a las consultas sobre anteproyectos de ley y reglamentos ejecutivos; cuestiones de declaración de nulidad y caducidad; revisión de oficio de los actos administrativos y expedientes y/o procedimientos sobre los que no procedía emitir dictamen por parte del Consejo. En un total de 685 ocasiones, es decir en un 77,6% del total de las consultas, existió plena coincidencia entre la propuesta de resolución administrativa de los expedientes y el sentido final de los dictámenes, todo ello sin perjuicio de la decisión finalmente adoptada por la Administración correspondiente, en la que también existe una alta coincidencia, elevándose este porcentaje a más del 97%, lo que pone de manifiesto la auctoritas de la Institución.
La Ley 4/2013, de 19 de junio, por la que se modifica la organización y funcionamiento de las Instituciones propias de Castilla y León reforzó a la institución con nuevas competencias de garantía de control al asumir, cuando así le sea encomendado por la Junta, la elaboración de propuestas legislativas, y también al recuperar la competencia para elaborar dictámenes sobre todas aquellas consultas de modificación de los planes urbanísticos cuando tengan por objeto una diferente zonificación o uso urbanístico de las zonas verdes o de los espacios libres previstos.
Dicha Ley elevó las cuantías mínimas para el dictamen de las consultas sobre responsabilidad patrimonial, en línea con las cuantías establecidas por la mayoría de los Consejos Consultivos del país –cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía igual o superior a 6.000 euros en el ámbito de la Administración autonómica y 3.000 en el ámbito de otras administraciones públicas- e introdujo algunos ajustes en materia de personal en la búsqueda de una mayor eficiencia y ahorro de recursos públicos en las cuatro instituciones propias de Castilla y León (Procurador del Común, Consejo de Cuentas, Consejo Económico y Social y Consejo Consultivo). Una de las principales medidas para dichos objetivos ha sido la creación en las Cortes regionales de una Secretaría General única para las 4 instituciones, que aglutina la gestión económica y presupuestaria.
