El descarrilamiento de un tren entre las estaciones madrileñas de Atocha y Chamartín el pasado sábado, 19 de octubre, ha dejado un saldo de más de 15.000 pasajeros afectados debido a la cancelación de más de 20 trayectos y el retraso de muchos otros. Según datos de Renfe, en total, 32 trenes tuvieron que ser cancelados, incluyendo 22 de la operadora pública, seis de Ouigo y cuatro de Iryo.
Ante esta situación, las asociaciones de defensa del consumidor, como FACUA, han recordado a los pasajeros que tienen derecho a solicitar compensaciones e indemnizaciones por los daños sufridos. Entre las medidas que deben ofrecer las compañías ferroviarias, se encuentran la devolución íntegra del billete, la reubicación en otro trayecto o la posibilidad de utilizar un medio de transporte alternativo. En caso de que no se comunique una opción alternativa en los 100 minutos posteriores al horario previsto, el viajero tiene derecho a buscar otra opción por su cuenta, y la empresa ferroviaria deberá reembolsar los costes generados.
Renfe, Ouigo e Iryo, operadoras de alta velocidad en España, están obligadas a cumplir con el Reglamento (UE) 2021/782, que regula los derechos de los pasajeros de ferrocarril. Esto incluye compensaciones por retrasos de entre el 25% y el 50% del precio del billete, dependiendo de la duración del retraso. FACUA ha señalado que estas operadoras no pueden eximirse de estas obligaciones, incluso cuando el descarrilamiento no sea su responsabilidad directa.
Además de las compensaciones establecidas, los pasajeros afectados pueden reclamar otros perjuicios derivados de las cancelaciones, como gastos en alojamiento o conexiones perdidas. Renfe, Ouigo e Iryo tienen también políticas propias que ofrecen indemnizaciones más favorables en algunos casos. Por ejemplo, Renfe y Ouigo ofrecen hasta el 100% del precio del billete en caso de retrasos superiores a 90 minutos. Ouigo, además, contempla compensaciones en bonos cuando los retrasos superan los 30 minutos.
La normativa también establece que, si el retraso supera los 60 minutos, las operadoras deben proporcionar comida y alojamiento cuando sea necesario, garantizando el bienestar de los pasajeros durante el tiempo de espera.
