España se sitúa así en la estela de países como Francia o Australia, pero con un matiz relevante: va más allá. No solo se trata de restringir el acceso, sino de romper la impunidad de las grandes plataformas, de poner nombre y apellidos a quienes diseñan algoritmos que amplifican el odio, la desinformación y el contenido ilegal. Y eso, en el actual tablero global, no es menor.
La desinformación no es un accidente
Cuando el presidente afirma que “la desinformación no nace de la nada”, apunta al núcleo del problema. No hablamos de errores, ni de excesos puntuales, sino de modelos de negocio que se alimentan de la polarización, del enfrentamiento y de la viralidad sin escrúpulos. Algoritmos diseñados para retener atención, aunque el precio sea la salud mental de adolescentes o la degradación del debate público.
Tipificar como delito la manipulación algorítmica y avanzar hacia una Huella de Odio y Polarización supone reconocer, por fin, que el espacio digital no es neutral y que alguien decide qué se ve, cómo se ve y a quién se le muestra.
Menores solos en un territorio hostil
Durante años se ha repetido el mantra de la “educación digital” como única respuesta. Importante, sí. Suficiente, no. La realidad es que millones de menores han transitado solos por un entorno diseñado para adultos, intereses comerciales y dinámicas tóxicas. Ataques de odio, adicción, exposición temprana a violencia o sexualización extrema no son efectos colaterales: son consecuencias directas.
La obligación de verificación de edad pone fin a una ficción sostenida por las plataformas: la de mirar hacia otro lado mientras menores acceden sin control a contenidos que jamás pasarían un filtro en otros ámbitos de la vida.
Europa, tarde pero en marcha
La Unión Europea avanza, pero lo hace despacio. España ha decidido empujar, incluso al margen del consenso comunitario, junto a otros países dispuestos a ir más rápido. No es un desafío a Bruselas, es una advertencia: la regulación no puede ir siempre detrás del daño.
Que el anuncio se haya producido en el World Governments Summit no es casual. El mensaje es global: los Estados no van a seguir cediendo soberanía a plataformas tecnológicas que operan como poderes sin control democrático.
¿Y ahora qué?
Vendrá el debate. Vendrán las críticas sobre censura, libertad de expresión o supuesta inviabilidad técnica. Pero la pregunta de fondo es otra:
¿de verdad queremos seguir aceptando que el interés económico de unas pocas multinacionales esté por encima del bienestar de nuestros hijos y de la salud democrática?
España ha decidido responder que no. Y ese paso, con sus riesgos y sus retos, era necesario.
Porque proteger a los menores no es retroceder.
Es, quizá, el único modo de avanzar con sentido común en un mundo digital que se nos fue de las manos hace tiempo.
