Un juez de Brasil ha multado con 100 millones de reales -más de 19 millones de euros- a Apple por vender sus terminales iPhone sin incluir el cargador en la caja, además de ordenar que todos los teléfonos de la compañía vendidos en el país deban incluir el adaptador eléctrico, tal y como explica FACUA-Consumidores en Acción.
La sentencia del juez Caramuru Afonso Francisco, juez 18 civil de Sao Paulo, responde a una demanda interpuesta por la Asociación Brasileña de Consumidores y Contribuyentes después de que Apple decidiera dejar de vender sus smartphones con el cargador incluido.
En su resolución, el magistrado señala que, además de la multa, la compañía deberá entregar a todos los usuarios que compren un modelo iPhone adaptadores de energía tipo USB-C, para garantizar el "buen desempeño y la velocidad de recarga prometida por la empresa".
"Es evidente que, bajo la justificativa de iniciativa verde, ]Apple] obliga al consumidor a adquirir por separado los adaptadores eléctricos que antes eran ofrecidos junto con el producto", indica el juez en la sentencia. "Se trata por lo tanto de nítida práctica abusiva y de violación al Código de Defensa del Consumidor", continúa.
Esta multa se suma a otra anterior de un millón y medio de euros que le impuso la Autoridad Brasileña de Protección al Consumidor de São Paulo (Procon-SP) por esta misma práctica. Apple ya ha anunciado que recurrirá la sentencia.
España sigue sin actuar
En España, en 2020 FACUA-Consumidores en Acción protestó ante este incumplimiento de la legislación con sus propios argumentos: al no incluir el cargador y no suponer ello una reducción del precio del producto, se estaba produciendo un claro perjuicio económico para el usuario en beneficio de la empresa.
Con este argumento en la mano, la asociación se dirigió a Rafael Escudero, secretario general de Consumo y Juego – dentro del Ministerio de Consumo, dirigido por Alberto Garzón–, instándole a tomar medidas para evitar que los fabricantes de dispositivos electrónicos los comercialicen sin incluir todos los componentes necesarios para su uso.
Ante la inacción persistente del Gobierno español, FACUA reiteró sus reivindicaciones al respecto un año más tarde. La respuesta sigue siendo la misma: ninguna.
