El Ejecutivo, encabezado por Pedro Sánchez, ha dado a conocer un conjunto de medidas con el objetivo de paliar la crisis habitacional que afecta a miles de familias en España. Durante su intervención, el presidente destacó que estas iniciativas buscan garantizar “más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas”, haciendo énfasis en la creación de una nueva empresa pública de vivienda como pilar fundamental.
La Administración General del Estado transferirá más de 3.300 viviendas y cerca de dos millones de metros cuadrados de suelo residencial a esta nueva entidad, que dependerá del Ministerio de Vivienda. A ello se sumarán progresivamente 30.000 viviendas adicionales, provenientes de la Sareb y otras fuentes. Esta empresa tendrá prioridad en la adquisición de inmuebles y suelos, asegurando un parque público destinado al alquiler asequible.
Uno de los ejes centrales del plan es la implementación de garantías públicas para fomentar el alquiler a precios accesibles. Este mecanismo, inspirado en modelos de éxito en regiones como Euskadi y Navarra, asegurará a los propietarios el cobro de las rentas y ampliará las opciones de vivienda para inquilinos, especialmente menores de 35 años. Además, el Gobierno impulsará un programa de rehabilitación de viviendas vacías, otorgando ayudas a quienes las reformen y las ofrezcan en alquiler asequible durante al menos cinco años.
El paquete de medidas incluye una propuesta para eximir del IRPF a los propietarios que alquilen sus viviendas según el Índice de Precios de Referencia estatal, sin importar la ubicación del inmueble. Por otro lado, el Ejecutivo busca gravar al 21% de IVA las viviendas turísticas en zonas con problemas de acceso a la vivienda o alta saturación turística.
Además, las Socimis, entidades clave en el mercado inmobiliario, tendrán que justificar sus beneficios fiscales promoviendo alquileres asequibles. En cuanto a los compradores extranjeros no residentes, se duplicará el gravamen fiscal para limitar su acceso a la compra de inmuebles en España, priorizando a los residentes nacionales.
El nuevo Plan Estatal de Vivienda, previsto para 2026, incrementará las ayudas existentes y se enfocará en colectivos vulnerables, como mayores, jóvenes, personas con discapacidad e inquilinos en zonas degradadas. El Gobierno también reforzará la lucha contra el fraude en el alquiler de temporada, destinando fondos a comunidades autónomas y ayuntamientos para intensificar las inspecciones.
