Madrid ha acogido la primera sesión de las jornadas “40 años de la Ley General de Sanidad y participación comunitaria hoy”, organizadas por la Plataforma Social de Castilla y León junto a colectivos en defensa de la sanidad pública, en un encuentro que ha reunido a profesionales, expertos y representantes sociales para evaluar el estado actual del sistema sanitario.
Durante la jornada, los participantes han coincidido en que la ley de 1986 supuso una transformación histórica del modelo sanitario, al consolidar principios como la universalidad, la gratuidad y la financiación vía impuestos. Sin embargo, han advertido de que ese modelo atraviesa actualmente un proceso de deterioro progresivo.
Uno de los principales puntos de preocupación es la Atención Primaria, considerada el eje vertebrador del sistema y, al mismo tiempo, el nivel más afectado por los recortes, la sobrecarga asistencial y la falta de inversión. Los expertos han subrayado que su debilitamiento abre la puerta a la expansión del sector privado.
En el plano estructural, se ha alertado de la fragmentación en 17 sistemas autonómicos, lo que compromete la cohesión del sistema nacional, así como del avance de modelos de gestión como los PFI y PPP, asociados a contratos a largo plazo y a problemas de transparencia.
El debate también ha puesto sobre la mesa la pérdida de participación ciudadana, un elemento clave en el diseño original de la ley que, según los colectivos, ha quedado relegado con el paso del tiempo.
Entre las principales conclusiones, los participantes subrayan que el sistema sanitario público mantiene como pilares irrenunciables la universalidad, la gratuidad y la financiación vía impuestos, aunque advierten de que estos principios han sido erosionados en la práctica. El deterioro actual no se atribuye a causas técnicas, sino a estrategias políticas concretas, como la fragmentación autonómica, los recortes y la expansión de fórmulas de colaboración público-privada.
La atención primaria se identifica como el frente clave: su debilitamiento no es un efecto colateral, sino un factor determinante que facilita la penetración del sector privado. En paralelo, se destaca la ausencia de participación ciudadana real, considerada una de las carencias estructurales del sistema desde su origen.
Ante este escenario, las jornadas plantean un rearme legislativo como vía de respuesta. Entre las medidas propuestas figuran la aprobación de una ley específica de atención primaria, el blindaje constitucional de la sanidad pública y la limitación de la entrada de fondos de inversión en los servicios esenciales.
