El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Real Decreto-ley que reforma el mercado laboral para tratar atajar las elevadas tasas de temporalidad en España, que se sitúa a la cabeza de la UE. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido esta reforma fruto de más e nueve meses de trabajo y reuniones con patronal y sindicatos. "No es fácil alcanzar un acuerdo en esta materia con lo agentes sociales", ha precisado, por lo que ha expresado su gratitud por alcanzar un acuerdo en beneficio de todas las partes tras remarcar que se trata de un "acuerdo de país" que pretende "mejorar y recuperar derechos" con un carácter intergeneracional.
El texto no resulta en cambio del agrado de la oposición, que demanda una "derogación real" del texto elaborado por el PP en 2012. RC, EH Bildu y PNV han expresado su rechazo a la norma tal y como está redactada y han confiado en que se tramite como proyecto de ley en el Congreso, lo que daría pie a introducir cambios. Y es que la reforma de este Real Decreto-Ley entraría en vigor mañana mismo tras su publicación en el BOE pero deberá pasar por el Congreso de los Diputación para su convalidación, un punto que se prevé complicado ante la férrea postura mostrada por varias de las fuerzas parlamentarias.
Frente a las posturas de la oposición, está también la de la CEOE que advierte que no admitirá cambiar una sola coma del texto y amenaza con salirse del pacto si el texto acordado sufre modificaciones posteriores durante su tramitación en el Congreso.
El pacto alcanzado la semana pasada con patronal y sindicatos viene a modificar algunos aspectos de la reforma laboral del PP pero no entra en una derogación completa como solicitaban sus socios de Gobierno, Unidas Podemos. En concreto, el texto establece que el contrato de trabajo ordinario sea el indefinido y que los temporales únicamente puedan celebrarse por circunstancias de la producción o sustitución de persona trabajadora con derecho a reserva del puesto de trabajo. De esta manera de pretende dar un paso en la estabilización de los contratos indefinidos. En este sentido, Díaz, ha recordado que "hay jóvenes y mujeres que no han conocido un contrato que no sea basura en su vida".
Además, se recupera la ultraactividad de los convenios, la prioridad del convenio sectorial en materia salarial y sienta las bases de un nuevo modelo de ERTE que sirva de alternativa al despido ante crisis o reconversiones sectoriales.
Las empresas tendrán un plazo de tres meses para transformar los contratos temporales en indefinidos y adaptarse a la nueva normativa en materia laboral y que se extenderá hasta los seis meses en el caso los contratos de obra y servicio deberán desaparecer en un periodo máximo de seis meses.
