La Fiscalía de Málaga ha presentado acusación contra el promotor de una fiesta anunciada en enero en Torremolinos, que prohibía expresamente el acceso a personas homosexuales. Una querella que comenzó con la deuncia de FACUA.
Según el fiscal delegado de la Sección de Delitos de Odio y Contra la Discriminación, Fernando Benítez, los mensajes difundidos por el acusado constituyen un delito de odio y atentaron contra la dignidad de las personas por motivos de orientación sexual. Por ello, solicita dos años de prisión, así como multas y otras sanciones accesorias.
El escrito de acusación también señala que el promotor cometió un delito de injurias a la autoridad por sus mensajes contra la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, a quien llegó a insultar tras la reacción del Ayuntamiento y la opinión pública frente al evento.
La discoteca Casa Fátima Inoa publicitó la fiesta en redes sociales con un “reglamento” que incluía expresiones como: “no peleas, drogas, chanclas, maricones”, utilizando un número de contacto vinculado al acusado. Para la Fiscalía, este anuncio supuso una grave humillación y menoscabo de la dignidad del colectivo LGTBI, al equiparar la homosexualidad con conductas problemáticas como peleas o consumo de drogas.
El fiscal subraya que el promotor era consciente de que sus mensajes se difundían en redes sociales, lo que multiplicaba el impacto y la humillación hacia las personas afectadas. La alcaldesa de Torremolinos expresó públicamente su rechazo a la homofobia, condenando el evento y advirtiendo que se haría todo lo posible para impedirlo.
La Fiscalía considera que el promotor cometió tres delitos:
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Delito de odio por lesión de la dignidad del colectivo LGTBI.
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Injurias a la autoridad en el ejercicio de sus funciones.
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Denegación de prestación en grado de tentativa.
Por estos motivos, solicita además de la prisión, la inhabilitación para promover espectáculos durante dos años, multa de 19 meses y prohibición de ejercer actividades comerciales o educativas durante cinco años y nueve meses.
El caso, que comenzó con la denuncia de FACUA Andalucía, se ha convertido en un ejemplo de cómo la legislación española combate la discriminación por orientación sexual y protege la dignidad de las personas frente a conductas homófobas.
