lunes. 27.05.2024
banderas de la UE
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Este envío se efectúa en cumplimiento de la obligación de todos los Estados Miembros de presentar cada año en el mes de abril ante la Comisión Europea sus Programas Nacionales de Reformas y sus Programas de Estabilidad, en el marco del semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas.

En ambos documentos, el Gobierno explica las reformas y medidas que están permitiendo una mejora estructural de la economía española, entre las que destaca el impacto positivo del despliegue del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia, así como las perspectivas macroeconómicas y fiscales para el periodo 2023-2026. Este nuevo cuadro macroeconómico ha sido avalado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Las reformas legislativas acometidas y la implementación del Plan de Recuperación, están permitiendo que se produzca un proceso de modernización y cambio estructural en la economía, que se refleja en el aumento del crecimiento potencial, que a partir del 2024 se situará en el 1,6%, y la reducción del paro estructural, que se situará en el entorno del 9%.

Asimismo, España mantiene crecimiento económico sólido desde el final de la pandemia a pesar del complejo entorno internacional y en 2023 liderará por tercer año consecutivo el crecimiento entre los principales países de la zona euro, impulsado por el dinamismo del empleo, la demanda interna, el impulso de la inversión y el crecimiento de las exportaciones.

Las medidas adoptadas facilitarán la vuelta gradual de la inflación a su nivel de medio plazo, lo que junto con el dinamismo del sector exterior permitirá mantener el superávit por cuenta corriente y seguir mejorando la posición de inversión internacional neta.

El Programa de Estabilidad incluye también las perspectivas fiscales para el periodo 2023-2026. El déficit público se reducirá al 3% en 2024, un año antes de lo previsto, por el crecimiento económico, el control del gasto público, el incremento de los ingresos y el dinamismo del mercado laboral. El déficit público cerró 2022 en el 4,8% del PIB, tras una reducción del 50% en dos años. Para 2023, se prevé continuar en la senda descendente, situándose en el 3,9% del PIB.

Asimismo, la deuda mantendrá su senda de reducción tras la disminución de cinco puntos el pasado año para absorber cuanto antes el impacto de la pandemia, hasta situarse por debajo del 110% en 2024, un año antes de lo previsto.

Esta nueva senda se desarrolla en un contexto de incertidumbre derivado de la invasión rusa de Ucrania, lo que conlleva políticas presupuestarias prudentes y realistas desde la búsqueda de la justicia social y la eficiencia económica. Por ello, combina la necesaria consolidación fiscal que permitirá a España cumplir con el Pacto de Estabilidad ya el próximo año, con un crecimiento económico más robusto, innovador y sostenible, que permita reforzar el Estado del Bienestar y proteger a la mayoría social del país.

A medio plazo, las reformas, así como el refuerzo de los ingresos públicos y el control del gasto, permitirán garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas.

Programa de Estabilidad 2023-2026

El Programa de Estabilidad incluye el escenario macroeconómico previsto para el periodo 2023-2026, apoyado en los últimos datos disponibles, en un escenario internacional marcado por el rápido endurecimiento de las políticas monetarias, los episodios de tensión financiera y la incertidumbre en el plano geopolítico y energético.

En este contexto se ha optado por una previsión prudente, tras el fuerte crecimiento económico que se produjo en 2021 y 2022 y que continúa en el primer trimestre del año. La economía española mantendrá un crecimiento positivo a lo largo de todo el periodo de previsión.

En concreto, en 2023 España liderará por tercer año consecutivo el crecimiento entre las principales economías de la zona euro, con una previsión de crecimiento del Producto Interior Bruto del 2,1%, que se incrementará hasta el 2,4% en 2024.

En este contexto, el nuevo cuadro macroeconómico prevé que la demanda interna sea el principal motor de crecimiento durante este año, y especialmente el consumo privado, con una previsión de crecimiento estimada del 2,1%, sostenido principalmente por la evolución del empleo.

Las medidas adoptadas y, en particular la 'solución ibérica', han situado la inflación de España entre las más bajas de la Unión Europea, lo que ha mejorado la competitividad empresarial, que se refleja en ganancias de cuota de mercado de las exportaciones.

Para el periodo 2023-2026, la consolidación de la creación de empleo seguirá siendo el motor del crecimiento económico, que sumará 1,1 millones de ocupados más hasta 2026, adicionales al millón creado después de la pandemia y que permitirá alcanzar niveles récord de ocupación. Asimismo, se mantiene la senda de descenso de la tasa de paro, que pasará del 12,9% en 2022 hasta reducirse por debajo del 10% en 2026, acompañado de un aumento de la población activa y la mejora en la calidad del empleo.

El sector exterior mantendrá una contribución ligeramente positiva durante el periodo de previsión. En línea con el buen comportamiento en 2022, se mantendrá este año la solidez y competitividad de las exportaciones españolas, con un aumento de las exportaciones de bienes que se unirán a una positiva evolución del sector turístico.

El impulso económico, la fuerte creación de empleo y el aumento del crecimiento permitirán progresar en la senda de consolidación fiscal iniciada en 2018 e interrumpida por la pandemia. La reducción de la ratio deuda-PIB se mantendrá en los próximos años y permitirá que la ratio se sitúe por debajo del 110% en 2024.

Cambios estructurales en la economía española

Las reformas legislativas acometidas desde 2018 y la puesta en marcha del Plan de Recuperación están permitiendo que se produzca un proceso de modernización y cambio estructural en la economía, impulsando el crecimiento potencial hasta el 1,6% a partir de 2024, el doble que el registrado en 2018.

De este modo, la reforma laboral está permitiendo la reducción de la temporalidad en el empleo y su convergencia a nivel europeo, así como un descenso del paro estructural en más de dos puntos, hasta el 9% al final del periodo de proyección.

Las inversiones en la doble transición verde y digital están permitiendo que España lidere a nivel europeo la conexión en banda ancha y el despliegue de energías renovables, habiéndose multiplicado por cinco la producción energética a través del autoconsumo.

Asimismo, se está produciendo una mejora del capital humano, a través de la inversión en formación y capacidades digitales, con el aumento en más de un 20% de los alumnos de FP.

Finalmente, las medidas de apoyo a las rentas y el resto de las medidas de apoyo a los colectivos más vulnerables han permitido reducir la desigualdad hasta los niveles previos a la crisis financiera. De acuerdo con la Encuesta de Condiciones de Vida 2022, la población en riesgo de pobreza o exclusión social se redujo el pasado año al nivel más bajo de la serie histórica.

Reducción del déficit y un horizonte de superávit primario

Una de las principales novedades en el ámbito de la política fiscal europea es que en 2024 volverán a estar vigentes las reglas fiscales, unas normas que fueron suspendidas por la Comisión Europea en 2020 al activar la cláusula de salvaguarda por el impacto de la pandemia de la COVID-19 y que actualmente están en revisión. Una suspensión que se prorrogó después debido al alza de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Ucrania.

A pesar de la suspensión de las reglas fiscales estos años, el Gobierno de España ha mantenido su compromiso con la estabilidad presupuestaria. De hecho, en solo dos años España ha reducido el déficit más de la mitad al pasar del 10,1% en 2020 al 4,8% en 2022. Esto supone una disminución de más de 5 puntos porcentuales de PIB, la mayor rebaja de la serie en ese periodo sin incluir la ayuda financiera y convierten a España en el séptimo país de la UE que más ha reducido su déficit en términos de PIB desde 2020. En total, se trata de una disminución de 49.500 millones de euros desde 2020.

Asimismo, España ha cumplido con las tasas de referencia comunicadas a Bruselas desde 2020, registrando cifras de déficit inferiores a las previsiones. Así, cerró en el 10,1% en 2020 (por debajo del 10,3% previsto en el Programa de Estabilidad de abril de 2020), en el 6,9% en 2021 (por debajo del 7,7% previsto en el techo de gasto de los PGE 2021) y 4,8% en 2022 (por debajo del 5% previsto en el techo de gasto de los PGE 2022).

La actualización del Programa de Estabilidad 2023-2026 incluye una senda de consolidación fiscal a medio plazo que permitirá una reducción gradual, pero decidida del déficit por debajo del 3% del PIB. En concreto, la previsión es que el déficit se sitúe en el 3,9% en 2023; en el 3% en 2024; en el 2,7% en 2025; y se reduzca al 2,5% en 2026.

Además, estas proyecciones muestran buenos resultados en términos de déficit primario: excluyendo intereses, el déficit se reduce al 0,4% el año que viene y se cierra el horizonte de proyección con un superávit primario del 0,4%. Estos resultados son similares a los observados antes de la pandemia, lo que es una muestra más de que las finanzas públicas españolas han recobrado su dinámica pre-COVID.

Más ingresos derivados del crecimiento y el empleo

La reducción del déficit público en la nueva senda fiscal se debe principalmente al sólido crecimiento económico y a la positiva evolución del empleo, que actualmente se sitúa en cifras récord de afiliación. De hecho, ambos factores contribuyeron ya a un incremento de los ingresos tributarios en 2022 del 14,4% en términos de caja. Por su parte, el impacto de la inflación en los ingresos solo aportó 5 puntos a ese incremento de los recursos.

En este sentido, la previsión es que los ingresos por lucha contra el fraude, afloramiento de la economía sumergida e impuestos aumenten los próximos años por encima de las previsiones de inflación, lo que pone de manifiesto una vez más que la mejora de los recursos públicos está sostenida por el empuje de la economía y el dinamismo del empleo.

En cualquier caso, el Gobierno ha destinado más recursos a medidas para mitigar los efectos del alza de la inflación en la mayoría social del país. Así, las rebajas fiscales, las ayudas directas, las bonificaciones o las subvenciones aprobadas han tenido un impacto de 22.217 millones de euros en 2022 que han beneficiado a la clase media y trabajadora, así como a los colectivos más vulnerables.

De hecho, del déficit de 4,8% de 2022 hay 1,7 puntos porcentuales de PIB que corresponden a las medidas adoptadas por el Gobierno para paliar la crisis inflacionista derivada de la guerra. Dicho de otra manera, de no ser por la crisis energética, España habría cerrado en 2022 con un déficit similar a los niveles prepandemia.

Medidas para combatir la inflación

Por tanto, el compromiso del Gobierno con la estabilidad presupuestaria y la responsabilidad fiscal es compatible con una política de protección social para mitigar los efectos del alza de precios en la mayoría social del país, especialmente los colectivos más vulnerables y los sectores más afectados.

El Gobierno ha aprobado hasta seis paquetes de medidas extraordinarias para combatir el impacto de la elevada inflación. En conjunto todas las medidas adoptadas superan los 35.000 millones de euros, lo que supone casi un 3% del PIB. A ello habría que añadir los 10.000 millones de avales puestos a disposición de las empresas más afectadas.

En esos 35.000 millones se incluyen medidas fiscales, entre ellas, una rebaja de impuestos de la energía con un impacto estimado de casi 18.000 millones de euros desde que se implementó en junio de 2021. De hecho, sólo en 2022 estas rebajas fiscales supusieron un ahorro de 8.000 millones de euros a los ciudadanos.

Pero, además, el Gobierno ha adoptado otras medidas centradas en los colectivos más vulnerables, como una reducción en los rendimientos del IRPF a rentas de hasta 21.000 euros, la ayuda de 200 euros para rentas de hasta 27.000 euros, la rebaja del IVA al 0% en los alimentos básicos de la cesta de la compra o el incremento un 15% del Ingreso Mínimo Vital y de las pensiones no contributivas.

Asimismo, también se han adoptado otras medidas destinadas a los sectores económicos más afectados por el alza de precios como las ayudas directas para los transportistas, agricultores, ganaderos o el sector gasintensivo.

En este contexto de dificultad, el Gobierno también ha pedido un mayor esfuerzo a aquellos sectores que están obteniendo unos beneficios extraordinarios debido al alza de los precios de la energía y de los tipos de interés. De esta forma, se ha aprobado un gravamen especial para la banca y las energéticas, así como un Impuesto temporal de Solidaridad para las Grandes Fortunas.

Más margen fiscal para comunidades autónomas y entidades locales

Si se analiza la previsión de déficit por subsectores, la Administración Central cerrará 2023 con un desfase del 3,1%, frente al 3,4% previsto en el anterior Programa de Estabilidad. Es decir, un objetivo más exigente. Al final de la serie el déficit de este subsector se situará en el 2,8%.

Por su parte, las comunidades autónomas tienen un objetivo de déficit del 0,3% en 2023, lo que supone una flexibilización respecto a la previsión del 0,1% del anterior Programa de Estabilidad. Por tanto, se da un mayor margen fiscal a los gobiernos autonómicos durante este ejercicio respecto a la anterior senda, pero también durante el próximo año, ya que frente al superávit del 0,2% previsto en 2024 en el Programa de Estabilidad anterior, ahora se indica un objetivo de equilibrio presupuestario del 0%. Esto es, otras dos décimas más de margen.

Por su parte, las Entidades Locales volverán al equilibrio presupuestario ya en 2023 después de haber registrado un ligero déficit coyuntural en 2022 por cuestiones técnicas a la hora de computar la compensación del Estado por la liquidación negativa de 2020. De esta forma, el próximo año el objetivo de las corporaciones locales será el 0%, frente al superávit del 0,2% previsto en la anterior senda. Por tanto, una vez más, se flexibilizan sus previsiones para dar más margen a este subsector.

Por último, los Fondos de la Seguridad Social mantienen su objetivo de cerrar 2023 con un déficit del 0,5% e irán reduciendo ese desfase de manera gradual hasta lograr el equilibrio presupuestario en 2026.

Impulso del Plan de Recuperación

Los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia tienen un impacto neutro en el cómputo del déficit. Sin embargo, son una palanca fundamental para impulsar el crecimiento económico y la transformación del modelo productivo al apostar por la transición ecológica, la digitalización, la cohesión social y territorial y la igualdad.

España es el país más avanzado de la UE en la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, lo que ha permitido ya recibir un total de 37.036 millones de euros de estos fondos, el equivalente al 53% del total de los 69.528 millones de euros en transferencias no reembolsables de este mecanismo. En concreto, España ha recibido ya tres desembolsos tras haber comprobado la Comisión Europea el cumplimento de 121 hitos y objetivos, lo que supone el 30% del total de los comprometidos con Bruselas.

La política de cogobernanza defendida por el Ejecutivo que recoge también el Programa de Estabilidad se traduce en que las CCAA han recibido ya un total de 19.465 millones de euros entre los ejercicios 2021 y 2022.

Programa Nacional de Reformas

El Programa Nacional de Reformas remitido también a la Comisión Europea, recoge las principales reformas estructurales para aumentar el crecimiento potencial de la economía, con el fin de hacer frente a los retos presentes y futuros. También incorpora las principales inversiones que complementan estas reformas, lo que constituye, en su conjunto, la hoja de ruta de política económica del Gobierno.

Este año incluye medidas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, e iniciativas adicionales. Las medidas están alineadas con las recomendaciones específicas de la Unión Europea en el contexto del Semestre Europeo, el Pilar Europeo de Derechos Sociales y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.

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