Tomás Pérez Urueña, secretario general de UGT Servicios Públicos de Castilla y León y José Ignacio García Rubio, bombero profesional y delegado de UGT en Zamora han ofrecido una rueda de prensa para explicar la sentencia favorable a la organización sindical del TSJCYL tras la denuncia que la federación de servicios públicos efectuó para denunciar el Plan de Sectorial del Servicio de Extinción de Incendios de Castilla y León y la negativa de la Junta de Castilla y León a sentarse con los sindicatos y trabajadores para elaborar un Plan viable e integrado dentro de la Ley de Protección Ciudadana autonómica. Es necesario recordar que en 2017 la JCYL aprobó esta Ley de Protección especificando que la comunidad debería sectorizarse por zonas y niveles para priorizar y distribuir los servicios que fueran precisos de manera equitativa. No obstante, el Plan no se aprobó hasta 2021 y, al aprobarse, desde UGT advirtieron que se trataba de plan ilegal, por eso, acudieron a sus servicios jurídicos con el fin de conseguir una rectificación en su elaboración.
Tras la sentencia del TSJCyL que da la razón a la organización sindical, desde UGT aseguran que la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León está llevando a cabo una “política errática” en materia de extinción de incendios. Para sus representantes, de acuerdo con la sentencia, son diversas las causas por las que se ha desestimado la viabilidad del Plan.
Y es que, como las poblaciones de más de 20.000 habitantes están obligadas por Ley en todo el país a disponer de un parque de bomberos, la JCYL entiende que ya se encuentran cubiertas las necesidades de la mayoría de la población. No obstante, este servicio no llega en nuestra comunidad a todos los territorios. Además, el gasto se imputa a diputación y ayuntamientos indistintamente, porque la ley no especifica quién debe asumir su coste. De hecho, el Plan elaborado por la consejería no dispone de un plan económico relacionado con su financiación y esta es una de las causas por las que el TSJCyL ha decidido declararlo ilegal.
También la sentencia valora el uso de la figura del voluntario. Tal y como denuncia la organización sindical, en Castilla y León, diferentes diputaciones están sustituyendo a los servicios profesionales de bomberos por presuntos voluntarios.
Sin embargo, estos mal llamadas voluntarios no ejercen como tal porque perciben una remuneración económica. Según UGT, estos voluntarios están sustituyendo a profesionales y la Ley de voluntarios de 2021 especifica que aquellas actividades dependientes de la administración pública que deban ser ejecutadas por profesionales no pueden sustituirse por voluntarios. Para integrar sus servicios en las tareas relacionadas en CyL, se crearon parques de tres niveles: 1º los de los municipios de más de 20.000 habitantes. 2º los comarcales, 3º los de nivel 3ª y 3b. Estos últimos, quedaban en un “limbo jurídico” para no detallar quiénes iban a prestar el servicio correspondiente en sus instalaciones. La sentencia exige que se detalle qué profesionales van a coordinar y dirigir las intervenciones en las áreas asignadas. El TSJCyL también cuestiona que los parques de tercer nivel socorran a los de nivel superior en caso de necesidad tal y como recoge el Plan, puesto que lo habitual, en palabras de García Rubio, “es que los parques con más dotación apoyen a los pequeños, que son los que no tienen recursos”.
Para el sindicato, esta especificación escondía la intención de extender el “voluntariado” al resto de parques, por lo que, desde UGT, entienden que “el propósito final de privatizar paulatinamente los diferentes servicios públicos y empeorar las condiciones laborales de los trabajadores”.
En el mismo sentido, en palabras de Tomás Pérez, solicitan que, “de una vez por todas, la JCYL se siente en la mesa para sacar una Ley Integral del Fuego que cuente para su elaboración con los bomberos profesionales con el fin de regular toda la actividad relacionada y garantizar la mejor actividad posible porque, actualmente, cada parque y cada comarca hace lo que puede y la actividad no está regulada ni existe una normativa clara de actuación”
En definitiva, a la luz de la sentencia, para el sindicato queda claro que “el Plan elaborado por la Consejería de Fomento de la JCyL es inoperativo y el TSJCyL ha entendido que no es legal. El consejero ni siquiera ha hecho amago de rectificar. Por eso, desde UGT, “ya ni siquiera van a pedir la dimisión de Quiñones para no reforzar su figura”. A cambio, prefieren pedirle al consejero que delegue su labor en alguien capaz de gestionar la elaboración de un Plan Viable.
