La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha mostrado su satisfacción tras conocerse que la Comisión Europea ha decidido aplazar un año la entrada en vigor de la obligación de llevar el registro electrónico de uso de productos fitosanitarios, inicialmente prevista para el 1 de enero de 2026.
La organización, a través de Unión de Uniones, ya había trasladado en marzo al Comisario de Agricultura y Alimentación, Christopher Hansen, la preocupación de los agricultores, especialmente de mayor edad o con menos recursos, sobre las dificultades para implementar un sistema electrónico que exigía altos costes tecnológicos y formativos.
En mayo, la Comisión reconoció estas dificultades y se comprometió a trabajar con los Estados miembros para aplicar la norma sin generar cargas adicionales. El aplazamiento anunciado ahora confirma que las inquietudes del sector han sido escuchadas, aunque desde UCCL consideran que un año podría ser insuficiente para adaptarse plenamente.
La organización seguirá de cerca la modificación del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/564 y ha solicitado expresamente que se contemple una excepción para las pequeñas y microexplotaciones agrarias, las cuales son las más vulnerables ante los costos y complicaciones de la digitalización obligatoria.
“Gracias al acuerdo de las 43 medidas, ya logramos que el cuaderno digital no fuera obligatorio y vamos a seguir trabajando para que no se complique ni se encarezca innecesariamente la gestión de nuestras explotaciones, especialmente las más modestas”, han señalado desde UCCL.
La organización también subraya la necesidad de que los poderes públicos garanticen conectividad y capacitación adecuadas en el medio rural, un paso esencial para que la digitalización del campo sea efectiva y las normativas puedan cumplirse sin dificultad.
Este aplazamiento supone un alivio para los agricultores, que ganan tiempo para adaptarse a los cambios tecnológicos y asegurar el cumplimiento de las nuevas exigencias sin comprometer la viabilidad de sus explotaciones.
